La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscal\u00eda Federal de Resistencia, integrada por los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Amad, el fiscal federal Patricio Sabadini y el fiscal ad hoc Diego Vigay, solicit\u00f3 la realizaci\u00f3n de un juicio por la verdad por la Masacre de Napalp\u00ed, tras cerrar una investigaci\u00f3n preliminar abierta en 2014 en la que reunieron testimonios y documentos hist\u00f3ricos.<\/p>\n\n\n\n
En su presentaci\u00f3n ante el Juzgado Federal N\u00b0 1 de Resistencia, los fiscales plantearon que los hechos hist\u00f3ricos conocidos como la Masacre de Napalp\u00ed -que tuvieron como v\u00edctimas a comunidades originarias, hacheros y campesinos-, ocurridos el 19 de julio de 1924, constituyen un crimen de lesa humanidad cometido por el Estado Argentino. Por ese motivo, consideraron que debe tener una instancia de juzgamiento en un juicio por la verdad oral y p\u00fablico, en funci\u00f3n de los compromisos asumidos ante la comunidad internacional.<\/p>\n\n\n\n
Los juicios por la verdad son instancias judiciales sui g\u00e9neris que tuvieron su g\u00e9nesis en la Argentina de fines de los ’90 en diferentes jurisdicciones, cuando se abrieron las investigaciones para determinar el destino de los desaparecidos durante la \u00faltima dictadura e individualizar a los responsables, pero sin la finalidad de sancionarlos, dado que estaban vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. En el caso de la Masacre de Napalpi la imposibilidad de sanci\u00f3n est\u00e1 dada en que no hay personas imputadas vivas. Este tipo de procesos fue validado a nivel internacional por la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, que frente a la demanda de la madre de una v\u00edctima por el milenario derecho al duelo y a la verdad, acord\u00f3 en aqu\u00e9l contexto con el Estado Argentino la apertura de procesos con esas caracter\u00edsticas en el marco de una soluci\u00f3n amistosa (caso “Aguiar de Lapac\u00f3”).<\/p>\n\n\n\n
En efecto, los fiscales consideraron en su presentaci\u00f3n que existen fundados antecedentes en el proceso de juzgamiento de cr\u00edmenes de la \u00faltima dictadura en diversos tribunales federales de todo el pa\u00eds, en la d\u00e9cada del \u201890, cuando estaban a\u00fan vigentes las leyes de punto final y obediencia debida. En ese sentido, se\u00f1alaron uno que tuvo lugar en la provincia de Chaco, impulsado por el juez federal Carlos Skidelsky, que devino en los juicios Caballero 1 y Masacre de Margarita Bel\u00e9n. Mencionaron tambi\u00e9n que la C\u00e1mara Federal de Resistencia estableci\u00f3 en el a\u00f1o 2015 la imprescriptibilidad en el fuero penal de la Masacre de Rinc\u00f3n Bomba, ocurrida en 1947, contra el pueblo Pilaga en la provincia de Formosa.<\/p>\n\n\n\n
En su presentaci\u00f3n, los fiscales analizaron la Constituci\u00f3n Nacional de 1853 y el derecho internacional basado en las costumbres y las convenciones de las que formaba parte Argentina como integrante de la comunidad internacional al momento de los hechos. En esa l\u00ednea, sostuvieron que la Masacre de Napalp\u00ed encuadra en un crimen que lesiona a la humanidad y por eso es obligaci\u00f3n su juzgamiento.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, solicitaron que el juicio sea oral y p\u00fablico y que cuente con la reproducci\u00f3n de los testimonios de los sobrevivientes y descendientes en formato audiovisual para respetar la tradici\u00f3n del relato oral y con el testimonio de una serie de investigadores, antrop\u00f3logos e historiadores. Por \u00faltimo, los fiscales pidieron que el debate sea trasmitido de manera online para que puedan asistir las comunidades Moqoit y Qom y la sociedad en su conjunto, como una de las partes de la reparaci\u00f3n que se busca .<\/p>\n\n\n\n
\u201cEste debate oral es indispensable para que la justicia federal logre concretar objetivamente la recuperaci\u00f3n de la memoria hist\u00f3rica, la difusi\u00f3n p\u00fablica y completa de la verdad de los cr\u00edmenes perpetrados, la dignificaci\u00f3n de las v\u00edctimas y, finalmente, para que los hechos de violencia no se repitan\u201d, aseguraron los fiscales en su dictamen.<\/p>\n\n\n\n
La masacre<\/p>\n\n\n\n
La denominada masacre de Nalpalpi sucedi\u00f3 el 19 de julio de 1924, cuando 130 polic\u00edas y un grupo de civiles partieron desde Quitilipi hasta Napalpi por orden del gobernador del territorio nacional del Chaco, Fernando Centeno, para acallar el reclamo de integrantes de pueblos originarios y de criollos que exig\u00edan una justa retribuci\u00f3n por la cosecha de algod\u00f3n o poder salir a trabajar del territorio chaque\u00f1o hacia los ingenios de Salta y Jujuy, que ofrec\u00edan mejor paga.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con los relevamientos de diferentes historiadores recabados por la fiscal\u00eda en el inicio de esta pesquisa, durante 45 minutos la polic\u00eda descarg\u00f3 m\u00e1s de 5 mil balas de fusil sobre la poblaci\u00f3n de Napalpi. Las v\u00edctimas fueron estimadas en 423, entre abor\u00edgenes y cosecheros de Santiago del Estero, Corrientes y Formosa, aunque un 90 por ciento de todos ellos pertenec\u00edan a comunidades originarias. Unos 38 ni\u00f1os lograron escapar de la matanza, pero luego al menos la mitad fue entregado como sirvientes en las localidades de Quitilipi y Machagai, mientras que el resto muri\u00f3 en el camino. S\u00f3lo quince adultos lograron sobrevivir.<\/p>\n\n\n\n
Las v\u00edctimas fueron estimadas en 423, entre abor\u00edgenes y cosecheros de Santiago del Estero, Corrientes y Formosa, aunque un 90 por ciento de todos ellos pertenec\u00edan a comunidades originarias.<\/p>\n\n\n\n
LA INVESTIGACI\u00d3N<\/p>\n\n\n\n
La fiscal\u00eda impuls\u00f3 una investigaci\u00f3n preliminar mediante la cual se pudieron recoger las voces de los sobrevivientes Qom y Moqoit de la Masacre, como Pedro Balquinta y Rosa Grilo, y a trav\u00e9s de los relatos de algunos de sus descendientes.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, se reuni\u00f3 un c\u00famulo de documentos hist\u00f3ricos que fueron aportados por instituciones provinciales y nacionales como las memorias y de los informes de la Comisi\u00f3n Honoraria de Reducciones del Ministerio del Interior de la Naci\u00f3n; documentaci\u00f3n de la Reducci\u00f3n Napalp\u00ed; de la Intervenci\u00f3n del Territorio Nacional del Chaco; los legajos del gobernador Fernando Centeno; del jefe de Polic\u00eda de Chaco, Diego Uribarrie; de los oficiales Roberto Saenz Loza y Vicente Attis; documentos del Archivo General de la Naci\u00f3n; el diario de sesiones de la C\u00e1mara de Diputados de la Naci\u00f3n; el Diario El Heraldo del Norte, con su investigaci\u00f3n period\u00edstica sobre la Masacre en su Edici\u00f3n Especial de 1925; el Expediente Judicial N\u00b0 910\/24 \u201c Sublevaci\u00f3n Ind\u00edgena en la Reducci\u00f3n Napalp\u00ed\u201d, resguardado por el Superior Tribunal de Justicia del Chaco; documentaci\u00f3n aportada por el A\u00e9reo Club Chaco; y fotograf\u00edas de la Reducci\u00f3n y del avi\u00f3n utilizado tomadas por el antrop\u00f3logo Lehmann-Nitsche, entre muchos otros documentos.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, se sumaron a la investigaci\u00f3n preliminar importantes trabajos de investigaci\u00f3n cient\u00edfica y en muchos casos los testimonios de historiadores e investigadores como Juan Chico, Mariana Giordano, Elizabeth Bergallo, Marcelo Mussante, Lena Davila, Alejandro Covello, Teresa Artieda, Laura Rosso, Pedro Solans, Carlos D\u00edaz y Mario Vidal. Tambi\u00e9n se incorporaron trabajos de investigaci\u00f3n del contexto hist\u00f3rico como el de Reconstrucci\u00f3n Hist\u00f3rica del Genocidio Ind\u00edgena de los investigadores Mariano Nagy, H\u00e9ctor Hugo Trinchero, Diana Lenton, Marcelo Walko, Dar\u00edo Aranda y Nicol\u00e1s I\u00f1igo Carrera, entre otros.<\/p>\n\n\n\n
En ese plano, tambi\u00e9n se realizaron trabajos de excavaciones y exhumaciones por el Equipo Argentino de Antropolog\u00eda Forense en Colonia Aborigen en 2019.<\/p>\n\n\n\n
Como prueba del contexto hist\u00f3rico, los fiscales mencionaron tambi\u00e9n una investigaci\u00f3n sobre la Masacre del Zapallar contra poblaci\u00f3n ind\u00edgena, ocurrida en 1933 en la provincia de Chaco, y que cuenta con importante documentaci\u00f3n y testimonios aportados por el investigador Rub\u00e9n Guillon.<\/p>\n\n\n\n
Entre decenas de responsables, la fiscal\u00eda considera que debieron responder por estos hechos el entonces presidente de la Naci\u00f3n, M\u00e1ximo Marcelo Torcuato de Alvear Pacheco y su ministro del Interior, Vicente Carmelo Gallo.<\/p>\n\n\n\n
Los responsables de la Masacre<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con la reconstrucci\u00f3n realizada en la investigaci\u00f3n preliminar, la fiscal\u00eda considera responsables de los hechos al entonces presidente de la Naci\u00f3n, M\u00e1ximo Marcelo Torcuato de Alvear Pacheco; su ministro del Interior, Vicente Carmelo Gallo; el gobernador interventor de Chaco, Fernando Centeno; y el administrador de la reducci\u00f3n Napalp\u00ed, Mario Arig\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n consideraron responsables a los siguientes miembros de la fuerza policial, de distinto rango: el jefe de la Polic\u00eda de Chaco, Diego Tomas Ulibarrie; el comisario de \u00d3rdenes, Roberto S\u00e1enz Loza; el comisario de Quitilipi, Jos\u00e9 Machado; entre otros.<\/p>\n\n\n\n
FUENTE: fiscales.gob.ar<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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