28Mayo2017

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CHACO: Instituyen Control Obligatorio De Examen Toxicológico A Las Fuerzas De Seguridad

17-May-17  Mediante la sanción de la Ley 8012 impulsada por el Poder Ejecutivo, se instituye un sistema de control obligatorio de examen toxicológico destinado a verificar el consumo de sustancias psicoactivas a las fuerzas de seguridad de la Provincia cuya autoridad de aplicación será el Ministerio de Seguridad Publica de la Provincia del Chaco.

 

La nota que acompañó la iniciativa, que lleva la firma del Gobernador Domingo Peppo, destaca que “es de fundamental importancia regular esta cuestión a fin de que los funcionarios policiales se sometan a estos controles, teniendo en cuenta que su función primordial es la de proteger a la ciudadanía” y sostiene que la norma “no sólo busca ejercer un fuerte control sobre el estado psicofísico de los funcionarios policiales, sino también permitir que todos los habitantes de la Provincia del Chaco tengan la certeza de que las personas encargadas de la seguridad pública se encuentren en optimas condiciones psicofísicas, tanto al momento de ingresar a la fuerza, como así también durante la prestación del servicio”. 

Lo establecido por la norma sancionada se hará extensible a todos los miembros de la fuerza policial en actividad de la Provincia de Chaco, en forma aleatoria, y de acuerdo al porcentaje del total y al modo que determine la reglamentación.

Quedan comprendidos en las disposiciones de la ley los aspirantes a formar parte de las fuerzas de seguridad de la Provincia que hayan aprobado el examen de ingreso a los cursos de reclutamiento para personal Superior y Subalterno en el Instituto Superior de Seguridad Pública, como así también durante el desarrollo de los mismos en el período de formación. 

La norma establece que el examen toxicológico tendrá carácter reservado, deberá ser realizado por las autoridades designadas por el Ministerio del área correspondiente, todo bajo supervisión de la Dirección de Salud Ocupacional. En caso de resultado positivo, el personal involucrado, podrá exigir la contraprueba dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación del resultado del examen toxicológico.

Acreditado el resultado positivo del examen toxicológico se invitará a someterse a un tratamiento curativo por el tiempo necesario para su desintoxicación y rehabilitación, a través de instituciones, registradas oficialmente y habilitadas por la autoridad sanitaria competente, conforme a la reglamentación que lo determine, sin perjuicio de la sustanciación de las actuaciones administrativas correspondientes, las que en ningún caso podrán disponer la baja del personal involucrado, cuando el mismo acceda voluntariamente al tratamiento curativo. La negativa a someterse al examen toxicológico y en su caso, el tratamiento curativo o el abandono del mismo, serán consideradas faltas gravísimas en los términos del artículo 98, inciso k) o falta grave en los términos del  artículo 99 inciso p), ambos del decreto ley 463/58. 

La Ley establece, además, un régimen de licencia especial por el periodo que la reglamentación determine. Durante el periodo que dure el tratamiento y hasta el alta definitiva, el personal policial sometido al mismo deberá hacer entrega del arma reglamentaria, y de la credencial, absteniéndose de efectuar todo  tipo de actividad relacionada a su función de Policía. 

Los aspirantes a formar parte de las fuerzas de seguridad de la Provincia  cuyo examen toxicológico haya verificado el consumo de sustancias psicoactivas no podrán ser incorporados al curso de reclutamiento aun cuando hubieren aprobado el examen de ingreso. Para aquellos que se encuentren realizando el curso de reclutamiento y el examen toxicológico  verificara el consumo de sustancias psicoactivas, serán dados de baja.

Las expresiones en el Recinto

La norma fue aprobada con 22 votos en general de las distintas bancadas, y 15 votos del oficialismo en particular, dado que el Interbloque Cambiemos y Libres del Sur mocionaron la permanencia en Presidencia para profundizar el debate. El Frente Grande, en tanto, mocionó la vuelta a Comisión del proyecto. 

La diputada justicialista Elda Pértile, en su condición de titular de la Comisión de Legislación General, actuó de vocera del proyecto de ley 1934/17, al recordar que “tuvo despacho ayer, la iniciativa remitida por el Ejecutivo Provincial, es mas –dijo- mereció una conferencia del Gobernador Domingo Peppo”.

Al respecto precisó que “instituye un sistema de examen toxicológico, lo que se pretende es que a través de exámenes de sustancias psicoactivas poder -si son detectadas- iniciar los tratamientos correspondientes, y ofrecer la contraprueba y prevé la situación en caso de negativa de otorgar una licencia especial para que el agente que estuviera afectado pueda recuperarse”.

Siguiendo con el tema comparó “se le da el mismo tratamiento que a la ebriedad calificada, debidamente estudiada y analizada y desde la fuerza de seguridad de someterse a este tipo de exámenes, esto fue enviado por el Ejecutivo provincial, en el seno de la comisión se analizo, se escucharon las opiniones y se hicieron las correcciones que se consideraron pertinentes, y se emitió el dictamen correspondiente” detalló Pértile.

Se sumó su par de la bancada justicialista Rubén Guillón, que relató que en la localidad de General San Martín se llevó a cabo una campaña referida a esta problemática oportunidad en que se escucharon desgarradores testimonios “se trata de jóvenes –dijo- que están pidiendo auxilio, el acompañamiento para poder salir de este infierno” luego precisó que “la semana pasada se ha publicado un informe de una consultora en cuanto a estadística, por ejemplo de cada 4 de cada 5 jóvenes considera que le seria fácil acceder a drogas ilegales y 3 de 4 tiene familiares  que consume drogas y el  68 % afirma que la policía conoce o participa del trafico de drogas en los barrios, y que los punteros políticos también lo hacen”.

Por otra parte observó que “más allá que el consumo  refiera a una actividad privada, aquí el tema que esta en juicio es el rol de un funcionarios publico, ya que el que esta en función publica no tiene vida privada, en el proyecto de ley del gobernador Peppo en todo momento se plantea el resguardo de la persona que consume a los efectos de su no estigmatización, de que el estado debe asistirlo”.

El legislador además consideró que debe ampliarse el control y avanzar en la obligatoriedad en otros sectores y también con los diputados que puedan dar testimonio y sancionar una ley que alcance a todos los funcionarios, para concluir celebró “apoyo esta ley, y destaco la decisión de nuestro gobernador”.

El diputado Roy Nikisch recordó que “el interbloque Cambiemos y el bloque oficialista hemos acordado tratar este tema previo a considerar que el examen sea obligatorio también para todos nosotros, para que quede claro que no vamos por los otros”. En ese sentido, su par Ana María Canata agregó “de acuerdo a lo que se trabajó en la Comisión de Salud solicitamos un debate el 8 de junio para tratar todos los otos proyectos referentes al tema previo al debate en el recinto el 14  de junio, por lo que  solicito la preferencia para tratar esos proyectos”.

Luis El Halli Obeid manifestó “si uno analiza el espíritu de esta ley, lejos de tener un espíritu punitorio, viene a darle un marco de contención a las personas con problemas de adicción, y es lo que quiero destacar y no estigmatizar a la fuerza pública, no quiero tampoco que sea llevado al seno de la política, lo tomo como un exigible mas para cumplir un servicio y dese ese lugar me gustaría que la fuerza lo tome y no que estamos en búsqueda de ver quien es el que esta consumiendo”.

El diputado Carlos Martínez señaló “desde Libres del Sur nosotros distinguimos dos cuestiones importantes en relación al tema drogas: lo que está amparado por la garantía constitucional de reserva de los actos privados, y evidentemente lo que es la función pública; interpreto que la intención de esta iniciativa es regular el uso indebido de sustancias en la función publica de las fuerzas de seguridad, en ese sentido, así como filosóficamente no acompañaría una propuesta violatoria a las garantías constitucionales, sí acompaño esto porque -lo digo en términos sencillos- nadie quiere que un agente de policía este borracho o bajo la influencia de sustancias, cuando tiene que prevenir un hecho de inseguridad”.

“Es una norma que tiene que ver con la preocupación del daño que pueda hacerle a un tercero en el ejercicio de la función” señaló y solicitó hacer precisiones respecto a dos puntos: “a qué sustancias nos referimos, y definir bien que es en el trabajo, en la función, o durante la prestación de servicio”. Hizo observaciones también respecto a la posibilidad de incorporar a las Universidades –citando el antecedente de Buenos Aires- y el atraso existente en materia de decretos que rigen en relación al régimen disciplinario de las fuerzas.

“Me gustaría tener un tiempo más para estudiar esto –señaló- porque comparto que hay que legislar sobre esto, como lo hace la Nación, pero esta norma no termina de convencerme, acá dice que hay mucho que se va a dejar librado a la reglamentación pero sería bueno tener algún tipo de precisión”.

Daniel Trabalón explicó “he planteado en comisión algunas de las diferencias que tenia, algunas se han modificado, me consta la predisposición de escuchar los planteos, la verdad que me parece que el tema es un tema de mucha importancia y que la sanción en estas circunstancias va a tener muchas consecuencias, porque este tema claramente puede ser abordado y tratado como una política general para otras áreas del gobierno y del estado”.

Señaló además “que este tema entró en la Legislatura provincial el 26 de abril, tuvimos la oportunidad de tratarlo una vez en comisión donde no estaba presente ningún funcionario del Ejecutivo para dar respuesta a planteos e inquietudes, algunas mencionadas por el diputado preopinante como, por ejemplo, qué se entiende por examen toxicológico, cuestiones que deberían estar en la ley y no en el decreto reglamentario; también planteé el interrogante de quiénes iban a llevar adelante este examen, no es un tema menor, en que condiciones y bajo qué criterios”.

 “Sería bueno que esto se pueda debatir con la presencia del Ejecutivo –insistió- en particular si esta ley se enmarca en una política sanitaria que detecte situaciones de adicción, y si es así, generar políticas de atención a las adicciones”. En ese sentido señaló que “cuando participamos de la reunión no firmamos el despacho, respetamos la posición de los distintos bloques y entendemos que hay una predisposición de mejorar algunos aspectos del proyecto pero por la importancia este proyecto debería volver a comisión”.

El diputado Ricardo Sánchez señaló “esta es una ley que ha requerido la opinión del Ministerio de Seguridad y de la Policía del Chaco, y se ensambla con otras iniciativas que ya venían con presentaciones anteriores como una de mi autoría que establecía rinoscopía obligatoria tanto para las fuerzas de seguridad como para los demás funcionarios de los tres poderes del Estado”.

“Entendemos, en consecuencia, que es una ley con un doble propósito: por lado, ayudar al policía al no considerarlo un delincuente por el consumo de sustancias ilícitas, sino tratarlo como un enfermo que necesita recuperarse pero sabiendo que durante el período de recuperación no podrá  ejercer sus tareas como policía”. “Pero también- indicó- con esta ley consideramos que si un policía es adicto, alguien le está vendiendo la droga, con lo cual, estamos con un vínculo no querido con un personal que tiene que combatir ese delito que es la venta de estupefacientes”.

En conclusión, Sánchez dijo que “desde estos dos puntos de vista porque, tomando al policía como un enfermo, evitamos que estos funcionarios públicos tengan  vínculos aunque más no sea con el último eslabón del narcotráfico”. 

La diputada Celeste Segovia destacó “es un tema  recurrente en la demanda social y nos obliga a legislar sobre la materia independientemente de las convicciones personales, creo también que se debe incorporar a los agentes del servicio penitenciario, y este control podría realizarse al ingreso de la jornada laboral”.

Destacó que “esta legislación es netamente preventiva porque protege al Estado como garante de responsabilidades ulteriores, que puede asumir en el caso de que el agente cometa algún tipo de irresponsabilidad, protege al estado, al ciudadano y también protege al mismo agente policial”.

“Creo que es una cuestión que se debe legislar, en el que la Legislatura debe poner compromiso,

al ser una demanda social, y al haber casos de policías comprando estupefacientes o conduciendo en estado de ebriedad creo que es necesario brindar las herramientas necesarias para que este servicio se de de manera correcta y creo que el derecho a la intimidad no se encuentra afectado” sostuvo. 

El diputado del interbloque “Cambiemos” Gustavo Corradi, expresó en nombre de su bloque que antes de escuchar los fundamentos y razonamientos de sus pares Daniel Trabalón y Carlos Martinez, estaban contestes en acompañar el proyecto del Ejecutivo, pero ante estos argumentos cambiaron de postura y solicitó su permanencia en presidencia, adelantando el voto positivo en general, no así en particular. 

El jefe de la bancada del Frente Chaco Merece Más, Hugo Sager, sintetizó “lo que busca el Ejecutivo es hacerse cargo de una cuestión que está latente en la sociedad, como mencionaba Guillón, indican el grado de penetración de la problemática toxicológica en la sociedad, y esos números son preocupantes” resaltó.

El legislador observó que “en algunos casos lo asocian  con la situación que vive nuestra comunidad de imposibilidad de acceso a una mejor calidad de vida, algunas grietas se generan en el seno familiar, posteriormente se incrementa en cantidad y en la búsqueda equivocada de una mayor satisfacción”.

“Cuando uno dice que casi el 44 de los jóvenes reconoce que probó drogas alguna vez y el 22 consumió en el último mes, dada la característica de la convocatoria de los aspirantes  para el ingreso a la policía, es muy probable que parte de este 22 por ciento sean aspirantes para ser integrantes de nuestras fuerza de seguridad, por lo que es destacable que en la selección de los mismos se tomen estos recaudos” sostuvo.

 

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