El diputado Samuel Vargas explicó: “La Ley busca impedir el delito virtual en todas sus formas desde las cárceles. La población carcelaria provincial estaba conectada a una línea móvil que rebaja el encierro y los muros que separan a los detenidos de la libertad”.
“Ese beneficio, considerado “humanitario” o un “derecho”, a veces resultaba un instrumento para trasladar el delito al interior de los perímetros penitenciarios. Conocimos el caso de un preso que con su celular traficaba material de abuso sexual infantil desde su celda. Está condenado a 50 años de prisión por violación reiterada de menores. Las imágenes y videos que vendía con su dispositivo eran de los abusos que él mismo cometió, re victimizando a sus víctimas”.
“O el caso del asesino del Chapista, que a sangre fría lo fusiló, ya detenido íntimo públicamente a las autoridades que se animen a sacarle el celular. La cárcel fue allanada porque se descubríeron presos que traficaban material de abuso sexual y acosaban virtualmente desde la cárcel a sus victimas llevandolas hasta el suicidio”.
“Los procesados, condenados e imputados con prisión preventiva “tenían aparatos telefónicos con acceso a internet y llamadas al exterior de los pabellones. El caso reciente de una estafa con tarjeta de crédito, realizada desde Bs.As. cuya compra fue encontrada en un domicilio de Barranqueras”.
“La quita de celulares no afecta derechos elementales de los detenidos, tampoco impide su reinserción social, ni el vínculo con sus familias menos la posibilidad de educación, eso esta garantizado por la ley, “además debemos ponerle el cascabel al gato, el sistema carcelario debe ser un ente corrector de las conductas y resocialización, no un un hotel desde donde se siga delinquiendo”.