Durante la mañana, Ayala mantuvo un encuentro con autoridades del Colegio de Bioquímicos del Chaco, donde se analizó el proyecto de bonos de consolidación de deuda, una iniciativa destinada a afrontar las deudas flotantes del Estado provincial. De la reunión participaron el presidente de la institución, Carlos Rusconi, otros integrantes del Colegio y los diputados Nicolás Slimel, Pía Chiacchio Cavana, Tere Cubells y Sebastián Benítez Molas.
Desde la entidad bioquímica expusieron las principales problemáticas que atraviesa el sector, entre ellas la abultada deuda del Estado, la falta de actualización de los aranceles —los más bajos de la región— y la normativa vigente vinculada a los topes trimestrales de prácticas, considerada perjudicial tanto para los afiliados como para los prestadores.
Asimismo, detallaron el impacto del aumento de los insumos, los costos de actualización del equipamiento técnico y los gastos operativos que deben afrontar los profesionales para sostener la prestación del servicio.
Más tarde, la legisladora se reunió con autoridades del Colegio de Odontólogos del Chaco, donde se abordó la misma temática. En este encuentro se sumó la diputada Katia Blanc. Los representantes del sector odontológico señalaron dificultades similares, como aranceles insuficientes, atrasos en los pagos, deuda vigente, incumplimientos de convenios por parte del INSSSEP y la dolarización de los insumos, cuyos costos no logran ser recuperados.
Tras ambas reuniones, Magda Ayala expresó: “Como legisladores, tenemos la obligación de conocer la opinión de los profesionales y trabajadores de la salud respecto al bono de consolidación, analizando si esta herramienta resulta positiva o negativa para el sector, especialmente teniendo en cuenta que el plazo de cobro previsto es de dos años, lo que impacta directamente en la sostenibilidad del sistema y en el ejercicio profesional”.
Finalmente, la diputada reafirmó su compromiso de continuar escuchando a los distintos sectores, recoger sus inquietudes y trabajar en propuestas legislativas que contemplen la realidad de los trabajadores de la salud y garanticen mejores condiciones para su desarrollo profesional.