La ley, impulsada por la diputada Pía Cavana (Frente Chaqueño) y elaborada junto al Consejo y el Colegio de Abogados, surge de un trabajo conjunto con las entidades que representan a los abogados y procuradores de toda la provincia. El objetivo es dignificar y jerarquizar el ejercicio de la abogacía, garantizando condiciones justas y fortaleciendo el acceso a derechos en la Justicia.
Se estima que más de 20.000 profesionales se verán beneficiados con esta medida, que introduce la Unidad de Medida Arancelaria (UMA) como parámetro para fijar honorarios, reemplazando los montos fijos que perdían valor con el tiempo y asegurando mayor previsibilidad en el sistema. Además, obliga a los jueces a fundamentar cada regulación de honorarios, detallando los criterios de cálculo utilizados, lo que refuerza la transparencia y reduce la discrecionalidad.
La ley reconoce que los honorarios tienen carácter alimentario, constituyen el sustento principal de quienes ejercen la abogacía y establece mecanismos que priorizan su cobro dentro del proceso judicial.
Se crea también un Observatorio de Cumplimiento, encargado de monitorear la aplicación de la norma, acompañar su implementación y generar informes sobre su efectividad.
“Esta ley ordena un sistema que durante mucho tiempo funcionó con incertidumbre, establece reglas claras y reconoce el trabajo de quienes sostienen todos los días el acceso a derechos en la Justicia. Garantizar previsibilidad y condiciones justas no es un detalle: es una condición básica para el ejercicio profesional y para un servicio público que asegura el acceso a la justicia”, afirmó Cavana.
Con la sanción de esta norma, el Chaco avanza hacia un sistema más claro, equilibrado y previsible, que fortalece el ejercicio de la abogacía y contribuye a un funcionamiento judicial más eficiente y transparente.