Ahora, el legislador del Nepar, Juan José Bergia, presentó una propuesta similar por la cual busca que aquellos que son proveedores del Estado no solo no tengan antecedentes penales sino que tampoco tengan denuncias que lo llevaron a estar incluidas en el Registro Único de Personas Violentas.
El diputado provincial por el Nepar, Juan José Bergia, es el autor de la iniciativa.
Así, la iniciativa insta a frenar transacciones con quienes tienen condena firme por delitos contra la personas, contra la integridad sexual, contra el Estado Civil, contra la Libertad o la Propiedad.
Tampoco podrán operar los que tengan “Delitos contra la Seguridad Pública”, “Delitos contra el Orden Público”, “Delitos contra la Seguridad de la Nación”, “Delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional”. A ellos agregan “Delitos contra la Administración Pública”, “Delitos contra la Fe Pública”, “Delitos contra el Orden Económico y Financiero”, La exclusión se extenderá por un plazo de ocho años a partir del cumplimiento de la pena.
Finalmente añade, a todos aquellos que hayan sido condenadas con sentencia firme por delitos de lesa humanidad o por infracciones a la Ley Nacional sobre consumo y tráfico de estupefacientes. La exclusión se extenderá por un plazo de ocho años a partir del cumplimiento de la pena.
Las exclusiones establecidas en la presente alcanzan a los integrantes de órganos de administración y socios de las personas jurídicas, cuando estos posean una participación superior al veinte por ciento (20%) del capital social.