Asimismo, apoyamos la nota enviada por tales sindicatos docentes al gobernador de la provincia.
Fundamos nuestra adhesión, por un lado, en lo que concierne a las autoridades del INSSSEP, en la necesidad impostergable de que en forma urgente restituyan y garanticen la totalidad de servicios y programas de salud con la que contábamos los trabajadores chaqueños hasta la llegada del actual gobierno. Porque su actual pérdida y reducción constituyen violaciones flagrantes al derecho ciudadano a la salud pública. Porque si bien nuestra obra social atravesaba por una crisis, no es menos cierto que en estos dos últimos años lo que existe como respuesta oficial, es abandono de persona. Pero también un nuevo ajuste a la precaria situación salarial de los trabajadores afiliados, porque sin tener recomposición salarial, ahora nos quitan el doble de aportes al Fondo de Alta Complejidad, cuyos servicios lejos de mejorar, o de mantener sus prestaciones, han disminuido dramáticamente.
En lo que atañe, por otro lado, a las autoridades del Superior Tribunal de Justicia, rechazamos enfáticamente el dictamen del Procurador General de la Provincia, contrario a la decisión judicial de restablecimiento de la cláusula gatillo, producido en plena feria judicial, cuando los plazos procesales se encontraban legalmente suspendidos, arbitrario en su proceder, contradictorio y en su inconsistente argumentación. Reafirmamos que la interrupción de este mecanismo de actualización salarial según el índice de inflación constituye un aspecto relevante de nuestro salario, cuya conquista y continuidad cuenta con el consenso de todos los docentes y de todos los sectores políticos, incluido el del actual gobierno, que en su primer año de gestión la definió como uno de sus compromisos fundamentales para con la docencia.
Destacamos, por último, el llamado al diálogo para que los jueces del Superior Tribunal de Justicia puedan escuchar a una delegación de representantes sindicales, para que la decisión que eventualmente tomen surja también de escuchar el cuadro de graves padecimientos de los educadores públicos.
En cuanto a la nota al gobernador del Chaco, adherimos totalmente al pedido de audiencia solicitado por los representantes sindicales. Porque tanto la pérdida del 25 por ciento que padece la docencia por la decisión de su gobierno de interrumpir su pago, como el notable desfinanciamiento general de la educación pública, producto de la deliberada política de destrucción de la misma que lleva adelante el gobierno nacional, con el acompañamiento cómplice de su par chaqueño, se agrava aún más por la no convocatoria a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, configura un grave incumplimiento del artículo 47 del Estatuto del Docente, que establece la obligación del Estado provincial de garantizar la actualización del salario docente a través de tal convocatoria. Porque su desconocimiento, como la falta de cumplimiento del compromiso que asumió en campaña, de asegurar el pago de la cláusula gatillo, que luego presentó como un logro de su gobierno, definen sus acciones de gobierno como autoritarias y violatorias de derechos.