La Asesoría General de Gobierno y el Tribunal de Cuentas llevaron adelante este lunes, en el Salón Obligado, un conversatorio sobre anticipos y reconocimientos de gastos, destinado principalmente a equipos técnicos y áreas jurídicas de la administración pública provincial.
La actividad se enmarca en una serie de capacitaciones dirigidas a entes autárquicos y descentralizados, con el propósito de fortalecer los procesos administrativos y mejorar la articulación entre las distintas áreas del Estado.
La asesora general de Gobierno, Alejandra Ferreyra, destacó el rol del organismo en la asistencia jurídica y técnica a las reparticiones públicas. “El objetivo es mejorar el sistema institucional, facilitando el contacto directo entre los ministerios y los organismos autárquicos para brindar respuestas más eficientes”, expresó.
En esa línea, subrayó que estos encuentros permiten consolidar canales de comunicación más fluidos entre las distintas áreas de gobierno y los organismos de control. “Este diálogo posibilita detectar dificultades de manera oportuna y acordar soluciones con mayor agilidad, contribuyendo a una gestión más eficiente y transparente”, afirmó.
Durante la jornada se abordaron aspectos vinculados a la operatoria de anticipos y reconocimientos de gastos, así como otros procedimientos administrativos que habitualmente están a cargo de direcciones generales y áreas técnicas. Participaron integrantes de equipos técnicos y áreas jurídicas responsables del control de los procesos de contratación.
Ferreyra remarcó además que estas instancias de formación surgen a partir de las necesidades detectadas en la administración central y los organismos autárquicos. “El Gobierno está comprometido con la profesionalización, la capacitación y el fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública”, sostuvo.
Por su parte, el presidente de la Sala Central del Tribunal de Cuentas, Juan Fuentes Castillo, valoró la continuidad de esta iniciativa impulsada por la Asesoría General de Gobierno. “Estos conversatorios buscan unificar criterios en la administración pública en materia de rendición de cuentas”, concluyó.
