En el marco de la sexta reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Humano y Salud, la diputada Analía Flores participó del encuentro en el que fueron recibidas referentes y trabajadoras del Espacio Convivencial Alternativo N° 1 de Resistencia y que expusieron la crítica situación que atraviesan.
La misma fue presidida por el diputado Sebastián Benítez Molas y contó con la participación de legisladores de la oposición, entre ellos María Pía Chiacchio Cavana, Luciano Moser y Magda Ayala. Durante el encuentro, las referentes del ECA expusieron con crudeza la situación que aratviesan los dispositivos convivenciales de la provincia y advirtieron que el sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes se encuentra funcionando con graves deficiencias estructurales.
Las trabajadoras explicaron que un Espacio Convivencial Alternativo es un lugar donde se alojan niñas, niños y adolescentes que fueron separados de sus familias por medidas excepcionales de protección, generalmente luego de haber atravesado situaciones de maltrato, abuso, abandono u otras graves vulneraciones de derechos. “Son los chicos en la situación más vulnerable que la sociedad tiene”, expresaron.
En ese contexto, remarcaron que quienes trabajan en los ECA están presentes todos los días y todas las noches, acompañando a niños y adolescentes que requieren cuidado permanente, contención emocional, alimentación, higiene, seguimiento escolar, administración de rutinas y atención frente a situaciones de crisis.
Uno de los planteos centrales fue la sobrecarga del personal. Según expusieron, en el ECA N° 1 conviven aproximadamente veintitrés niños, niñas y adolescentes, mientras que por turno solo hay dos operadoras a cargo. Las referentes fueron claras al señalar que “no se trata de falta de voluntad”, sino de una imposibilidad material: dos trabajadoras no pueden atender al mismo tiempo a un lactante que llora, a un adolescente en crisis, a niños que necesitan bañarse, a quienes deben hacer tareas escolares o a quienes requieren asistencia médica.
Las trabajadoras también pusieron de manifiesto el vínculo profundo que construyen con los niños y niñas alojados. Señalaron que conocen sus historias, sus miedos, sus necesidades y sus avances cotidianos. Para muchos de ellos, explicaron, las operadoras representan la figura adulta más estable que han tenido en años. Sin embargo, advirtieron que ese compromiso humano no alcanza para sostener un sistema que necesita recursos, personal suficiente y acompañamiento profesional.
Otro de los puntos más graves expuestos fue la ausencia de personal de enfermería permanente. Las referentes indicaron que en el ECA N° 1 no hay enfermería en los tres turnos, pese a que muchos niños y niñas deben recibir medicación diaria, incluso medicación psiquiátrica, antibióticos o tratamientos vinculados a condiciones crónicas de salud.
En ese sentido, denunciaron que durante años se exigió a operadoras convivenciales la administración de medicación, aun cuando no cuentan con formación profesional ni matrícula habilitante para realizar ese acto sanitario. Advirtieron que esta situación no solo expone a los niños y niñas a riesgos innecesarios, sino que también deja a las trabajadoras frente a posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Las referentes recordaron que el 5 de mayo de 2026 un grupo de trabajadoras del ECA N° 1 presentó una nota formal dejando constancia de que no continuarían administrando medicación por carecer de matrícula profesional. Según expresaron, esa presentación marcó un punto de inflexión y permitió visibilizar una práctica que no debería ser naturalizada dentro del sistema de cuidado estatal.
También señalaron la falta de equipos interdisciplinarios completos dentro de los dispositivos. Explicaron que niñas, niños y adolescentes alojados deberían contar con acompañamiento estable de profesionales de psicología, trabajo social, psicopedagogía, estimulación temprana, fonoaudiología y terapia ocupacional. Sin embargo, afirmaron que muchas veces esas intervenciones aparecen solo ante casos críticos y no como parte de un seguimiento integral y permanente.
A su vez, las trabajadoras describieron deficiencias materiales que afectan la vida cotidiana de los espacios convivenciales. Mencionaron la falta de ropa, elementos de higiene, insumos pedagógicos y recursos básicos para garantizar un cuidado adecuado. En ese marco, expresaron que muchas veces lo cotidiano se sostiene “como se puede”, gracias al esfuerzo del personal y no por una planificación suficiente del Estado.
Otro eje del planteo fue la precarización laboral. Las referentes indicaron que buena parte del personal trabaja bajo condiciones contractuales inestables, con salarios bajos y sin perspectiva clara de carrera. Advirtieron que esta situación impacta directamente en la calidad del cuidado, porque la rotación del personal rompe vínculos que son fundamentales para niñas, niños y adolescentes que ya atravesaron situaciones de abandono o vulneración.
Además, se planteó preocupación por posibles situaciones de represalia laboral contra trabajadoras que realizaron presentaciones formales. En particular, se mencionó la supresión de condiciones laborales luego de haber expuesto los problemas del dispositivo, situación que fue denunciada ante los organismos correspondientes. Las referentes pidieron que la visibilidad institucional funcione como una garantía para quienes se animan a hablar.
Frente a este cuadro, la diputada Analía Flores expresó su preocupación y acompañó el reclamo de las trabajadoras. “Cuando el Estado asume la protección de niñas, niños y adolescentes vulnerados, no puede hacerlo a medias ni descansando sobre la sobrecarga de trabajadoras precarizadas”, sostuvo.
Flores remarcó que los ECA cumplen una función esencial dentro del sistema de protección de derechos y que, por esa razón, deben contar con condiciones reales para funcionar. “No alcanza con reconocer el compromiso de las trabajadoras. El Estado tiene que garantizar personal suficiente, enfermería permanente, equipos interdisciplinarios completos, insumos básicos y condiciones laborales dignas”, afirmó.
La legisladora también fue crítica respecto de la naturalización de tareas que no corresponden a las operadoras convivenciales. “No se puede exigir a una trabajadora sin matrícula sanitaria que asuma responsabilidades que corresponden al sistema de salud. Eso pone en riesgo a las trabajadoras y, sobre todo, a los chicos y chicas que deben ser protegidos”, señaló.
Finalmente, Flores pidió que la Comisión avance en pedidos de informes, seguimiento institucional y convocatoria a las áreas responsables del Poder Ejecutivo. “La Legislatura no puede limitarse a escuchar. Tiene que controlar, exigir respuestas y garantizar que estas situaciones no queden invisibilizadas”, expresó.
La diputada aseguró que continuará acompañando el reclamo de las referentes y trabajadoras del ECA, y solicitó medidas urgentes para garantizar condiciones dignas de cuidado, seguridad jurídica para el personal y protección efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes alojados en los dispositivos convivenciales de la provincia.
“Quienes cuidan a las infancias más vulnerables también tienen que ser cuidadas por el Estado. Y los niños, niñas y adolescentes bajo protección estatal merecen mucho más que un sistema sostenido con esfuerzo, precariedad y ausencia de respuestas”, concluyó Flores.