La diputada provincial Analía Flores, acompañada por representantes legales y referentes del sector, mantuvo una reunión con trabajadores y trabajadoras que prestan servicios en establecimientos educativos bajo condiciones de precariedad laboral. Durante el encuentro, Flores presentó los principales alcances del proyecto de ley impulsado con el objetivo de brindar una respuesta específica y concreta.
La iniciativa tiene por objeto resguardar a los trabajadores que vienen desempeñando esa labor y que son parte activa de la comunidad educativa por más de diez años, propone facultar al Poder Ejecutivo para celebrar contratos de locación de servicios con este personal, mediante un mecanismo que permita avanzar en la regularización de su situación laboral de manera inmediata, gradual y con respaldo presupuestario.
“La educación pública también se sostiene gracias al trabajo silencioso de quienes todos los días limpian, cocinan, cuidan y mantienen nuestras escuelas. Hay una deuda pendiente del Estado con personas que vienen realizando esta tarea hace 10 o más años y esta propuesta es un eslabón más para poder avanzar hacia una solución que les brinde el reconocimiento y la estabilidad que merecen”, expresó la diputada.
Asimismo, el proyecto establece un orden de prioridad basado en la antigüedad acreditada dentro del programa, garantizando que quienes llevan más años prestando servicios sean los primeros en acceder a la contratación, sin excluir al resto de los trabajadores alcanzados por la norma.
También incorpora a ex beneficiarios que quedaron fuera del programa durante el proceso de transición ocurrido en 2024, reconociendo que esa situación respondió a modificaciones administrativas ajenas al desempeño de los trabajadores con un mínimo de 2 años.
La propuesta no implica el ingreso a la planta permanente del Estado ni la creación de nuevas categorías escalafonarias. Su implementación prevé el control de disponibilidad presupuestaria por parte de la Subsecretaría de Hacienda y faculta al Poder Ejecutivo a ejecutar el proceso de forma gradual y sostenible.
“No hay forma que el gobierno pueda ahorrar, a través del despido y o la desvinculación de las y los trabajadores que desarrollan una función fundamental para el funcionamiento del sistema educativo chaqueño”, puntualizó fundamentalmente la legisladora.