Ante la previsión de precipitaciones superiores a la media y crecientes extraordinarias por efecto del Fenómeno del Niño, la docente de la FAU UNNE e investigadora del CONICET, doctora Laura Alcalá, analiza el impacto de dos décadas de crecimiento urbano sin crecientes extraordinarias y cuestiona las fallas en las previsiones del sistema defensivo metropolitano.
La posibilidad de lluvias por encima de la media y crecientes extraordinarias en los ríos Paraná y Paraguay vuelve a plantear interrogantes sobre la preparación del Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR) frente a situaciones de inundación.
Para la doctora Laura Alcalá, profesora titular de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE e investigadora del CONICET en el Instituto de Investigación para el Desarrollo Territorial y del Hábitat Humano (IDTHH), uno de los puntos centrales es conocer qué medidas contempla el Plan de Emergencia anunciado por las autoridades y qué debe hacer la población ante los distintos escenarios posibles.
En los últimos meses se multiplicaron las informaciones sobre las lluvias y crecientes que podrían producirse en la región como consecuencia del nuevo fenómeno de El Niño. Según las referencias citadas por Alcalá a UNNE Medios, se prevé que las precipitaciones y las crecientes puedan superar los registros de 1982-1983 y 1998 en la región de la Cuenca del Plata. Sin embargo, todavía no es posible determinar cuáles serán las áreas que recibirán los mayores impactos.
La investigadora señala que los antecedentes muestran que un mismo fenómeno puede producir efectos diferentes dentro de la cuenca. En 2024, por ejemplo, la zona que recibió mayores impactos fue Rio Grande do Sul, en Brasil, mientras que el Gran Resistencia prácticamente no registró afectaciones. Para el escenario actual, en cambio, existe la previsión de un volumen de precipitaciones superior a la media y de crecientes extraordinarias en los grandes ríos de la región.
Qué contempla el Plan de Emergencia. En el Gran Resistencia se difundieron tareas de limpieza y profundización de canales y reuniones de funcionarios vinculadas con un Plan de Emergencia. También se comunicó la responsabilidad compartida entre los municipios y la población para afrontar posibles situaciones.
Alcalá plantea, sin embargo, que “no se informa en qué consiste dicho Plan de Emergencia”. Entre las preguntas que quedan abiertas menciona qué barrios serán beneficiados por las tareas realizadas con retroexcavadoras, hacia dónde conducen el agua los canales, si en sus extremos existen estaciones de bombeo y si esas bombas funcionan.
La manera en que debe prepararse la población aun no fue explicada más allá de las indicaciones referidas al mantenimiento de los canales y a evitar la disposición inadecuada de residuos. Para la urbanista, frente al escenario que puede presentarse es necesario conocer las medidas previstas y las acciones que corresponden tomar en cada sector de la ciudad.
La cuestión se vincula con las características territoriales del AMGR. El área se encuentra asentada en la primera y segunda terraza de inundación del Paraná y ocupa el valle de inundación del río Negro y su sistema lacustre. Desde ese punto de partida, Alcalá plantea la necesidad de discutir “el modo de gestionar el complejo escenario que se presenta -una vez más- en nuestra ciudad metropolitana”, tomando en cuenta las transformaciones urbanas producidas durante los últimos 25 años.
Una ciudad que cambió. “El Sistema de Defensas contra las crecientes del río Paraná quedó concluido alrededor de 2004. Desde entonces, el AMGR no afrontó crecientes extraordinarias, por lo que la infraestructura tampoco fue puesta a prueba frente a una situación de esas características” señala Alcalá.
Como lo explica en una imagen que aporta (Foto principal), el sistema está integrado por los terraplenes de la Defensa Norte, el terraplén de Defensa Frontal paralelo al riacho Barranqueras, la Obra de Control —que incluye compuertas y 14 bombas— y el cierre Sur por la avenida Soberanía Nacional. De acuerdo con Alcalá, parte de las hipótesis consideradas en el proyecto original no se cumplieron.
“Una de esas previsiones establecía que el espacio comprendido entre las defensas del río Negro, la avenida Sarmiento y la ruta Nicolás Avellaneda funcionaría como reservorio y amortiguación cuando las compuertas estuvieran cerradas y se produjeran lluvias. Este reservorio o “recinto del río Negro” serviría para acumular el agua expulsada desde las estaciones de bombeo ubicadas en las lagunas que quedaron separadas superficialmente del río Negro por las defensas, hasta que pudiera ser bombeada hacia el Paraná”. Sin embargo, la ciudad creció dentro de ese recinto.
El crecimiento urbano también avanzó por fuera de las defensas del Paraná, hacia el Norte y el Sur y a lo largo de la costa. Actualmente, según describe Alcalá, la ocupación llega hasta dos chacras más al sur del canal de Soberanía Nacional y continúa a lo largo de ese canal y de los riachos Barranqueras y Antequeras.
Restricciones al uso del suelo. El proyecto del sistema defensivo contemplaba medidas no estructurales que debían complementar las obras de infraestructura. Entre ellas estaban las restricciones al uso del suelo en áreas bajas y la prohibición de avanzar sobre las lagunas.
Alcalá señala a UNNE Medios que con el paso del tiempo se produjeron flexibilizaciones normativas y de control, “cediendo a presiones de colegas, de propietarios y de desarrolladores inmobiliarios”. Entre los cambios menciona la reducción de las cotas de línea de ribera de algunas lagunas y el reemplazo de la Resolución APA 1111/98 por la Resolución APA 303/17.
Según su planteo, esas modificaciones permitieron construir en áreas donde antes no estaba permitido. También menciona la aprobación por excepción de urbanizaciones como La Ribera y el Shopping Sarmiento y la falta de control para impedir otras ocupaciones. A esto suma la construcción de conjuntos habitacionales por parte del propio Estado en zonas donde se modificó, en algunos casos, la línea de defensas del río Negro o se ocupó parte del embalse de compensación sur.
La investigadora también se refiere al mantenimiento del sistema de defensas. El proyecto y la construcción contemplaban un manual operativo que establecía controles y tareas periódicas para mantener en funcionamiento los terraplenes, el sistema eléctrico, las bombas, la bomba de reemplazo, la grúa y las compuertas.
En relación con el estado de la infraestructura, Alcalá menciona las denuncias realizadas de manera reiterada por el geólogo Ramón Vargas sobre anomalías en la Obra de Control que no tuvieron respuesta pública por parte del organismo de control. También señala que en los terraplenes con el paso de los años se observaron deterioros, cárcavas, hundimientos y extracciones de tierra.
Cambio en la percepción del riesgo. Para Alcalá, las transformaciones no se limitaron al territorio y a las infraestructuras. “También cambió la percepción del riesgo por parte de la sociedad”.
La especialista diferencia tres situaciones. Por un lado, quienes vivieron las inundaciones de 1982-1983 y 1998. La difusión de las defensas como obras “definitivas” generó, según su análisis, confianza en la infraestructura y una pérdida del temor ante la posibilidad de nuevas crecientes.
Por otro lado, existe una franja de personas menores de 40 años que no experimentó esas inundaciones o no puede recordarlas por la corta edad que tenían entonces. Algunas desconocen la existencia del sistema defensivo, las dinámicas del río y las zonas urbanas que podían inundarse durante las crecientes.
Estas personas hasta ahora sólo experimentaron anegamientos producidos por lluvias de corta duración. Alcalá señala que no cuentan necesariamente con referencias sobre lo que podría ocurrir durante períodos prolongados de lluvias con las compuertas cerradas o ante una falla de algún componente del sistema defensivo. Por esa razón, también pueden encontrarse sin referencias para saber cómo actuar.
Existe, finalmente, otro grupo que conserva la memoria de las inundaciones y de fallas ocurridas en otras infraestructuras, como la rotura del primer dique del río Negro en 1982. En estas personas aparece el temor ante lo que podría ocurrir y una “incertidumbre ante la ausencia de directivas que orienten lo que se deba hacer en caso necesario”.
Informar para actuar. Alcalá sostiene que durante estos años el Estado fue abandonando de manera progresiva las políticas de gestión del riesgo que habían formado parte de la comunicación a la población durante la creciente de 1998 y durante los primeros años posteriores a la construcción de las defensas.
En ese período, la población conocía los protocolos de actuación, las vías de evacuación, la cota en la que se encontraba su vivienda y las alturas del río que implicaban la necesidad de autoevacuarse. También existían previsiones sobre la evacuación y los lugares donde podían alojarse temporalmente las personas afectadas.
Para afrontar posibles lluvias extremas, crecientes extraordinarias o una falla del sistema, la especialista considera necesario que la población reciba información sobre los aspectos que debe conocer para actuar. Al mismo tiempo, plantea la necesidad de evitar una cantidad de noticias que no aporten información para la toma de decisiones y que puedan llevar a que las personas dejen de prestar atención cuando sea necesario hacerlo.
En ese sentido, sostiene que “es importante dar a conocer el estado real del sistema de defensas y en caso de no poder precisarlo, sincerarlo ante la sociedad”. Si no existen recursos humanos o técnicos suficientes para conocer en poco tiempo el estado de la infraestructura, Alcalá plantea que esa situación debe comunicarse, dado que el seguimiento debería haberse realizado durante los años transcurridos desde la construcción del sistema.
Escenarios posibles. Desde esta perspectiva, el Plan de Emergencia debería contemplar las situaciones vinculadas con lluvias extremas, crecientes extraordinarias y posibles fallas del sistema de defensas.
Alcalá agrega situaciones que surgen de experiencias registradas en otros lugares. Entre ellas menciona el caso de Porto Alegre, donde fue necesario resolver la provisión de agua potable ante la interrupción del servicio. También plantea la necesidad de prever alternativas frente a un posible corte del suministro eléctrico y mecanismos de atención y aprovisionamiento para adultos mayores que pudieran quedar aislados en sus viviendas.
En todos estos casos, el punto central es que la población conozca qué debe hacer de acuerdo con el lugar donde vive. Para la investigadora, la preparación ante una emergencia no puede limitarse a comunicar la limpieza de canales o pedir que no se arrojen residuos: requiere información sobre los escenarios posibles y las acciones previstas para cada situación.
Las obras no eliminan el riesgo. En el cierre de sus reflexiones, Alcalá plantea una discusión sobre los límites de las obras hidráulicas para prevenir el riesgo. Recupera el planteo realizado por el doctor Rozé en su libro Inundaciones recurrentes. Ríos que crecen, identidades que emergen, publicado en 2003, acerca de cómo se construyó técnica, política y socialmente la idea de que la construcción de un sistema defensivo permitiría que el Gran Resistencia quedara a salvo de las crecientes.
Los cambios producidos en el territorio, el incumplimiento de algunas hipótesis del proyecto y las modificaciones en la percepción social del riesgo llevan a Alcalá a poner en discusión esa idea. Sostiene “la necesidad de respetar los territorios del agua restringiendo el avance de la urbanización sobre ellos”, algo que viene planteando hace muchos años, incluso en épocas de bajantes y sequías.
El escenario que plantea para el AMGR combina así la necesidad de conocer el estado de las infraestructuras, definir medidas de emergencia, recuperar políticas de gestión del riesgo y brindar información adecuada a la población.
La especialista señala que el sistema defensivo y las medidas de emergencia podrían no ser puestos a prueba en esta ocasión. Pero también advierte que, en algún momento, una situación de ese tipo ocurrirá. Hace una analogía con la localización de ciudades en zonas sísmicas: no se sabe cuándo puede ocurrir un sismo pero las ciudades deben estar preparadas para cuando ocurren. En ese contexto, vincula la reducción del riesgo con modificar las políticas urbanas que permiten la ocupación de áreas que debieran permanecer libres, destinar recursos al mantenimiento de las infraestructuras construidas y fortalecer la educación para la prevención.
La discusión planteada por Alcalá coloca nuevamente en el centro la relación entre ciudad, agua, infraestructura y población: no solo qué obras existen, sino también cómo se mantiene el sistema, dónde continúa creciendo la ciudad, qué información recibe la sociedad y qué acciones debe conocer cada persona ante una situación de emergencia.