El senador nacional por el Chaco, Jorge Capitanich, presentó un proyecto de ley denominado “Ley de Integridad, Transparencia y Control de la Deuda Pública Consolidada”. La propuesta busca terminar con la fragmentación de la información financiera del Estado y establecer mecanismos estrictos de supervisión parlamentaria sobre todas las formas de endeudamiento. “Hoy tenemos un registro fragmentado en la Argentina: el Banco Central registra por un lado, la Secretaría de Finanzas por otro, y no se incorporan todos los conceptos que deberían efectivamente consolidarse. Este Proyecto lo resuelve”, afirmó.
El eje central de la iniciativa es la creación de un concepto de “Deuda Pública Consolidada”. Esto implica que el Estado ya no solo deberá informar la deuda directa del Tesoro, sino que estará obligado a registrar e informar de manera unificada los pasivos remunerados del Banco Central (BCRA) y los pasivos contingentes, es decir, también aquellas obligaciones potenciales del Estado que no son deuda efectiva hoy, pero si un riesgo fiscal si el evento se materializa, por ejemplo: garantías y avales, juicios y arbitrajes, derivados financieros, etc.
El proyecto obliga a cuantificar, registrar y publicar estos pasivos contingentes en el Informe de Riesgos Fiscales con el objetivo evitar que se utilicen instrumentos financieros que, por su nombre formal, eludan hoy los controles presupuestarios tradicionales.
El senador contextualizó la iniciativa al señalar que “al cierre de marzo de 2026, la deuda pública alcanzó el equivalente a USD 469.597 millones y, dentro de ese total, la deuda en moneda extranjera ascendía a USD 258.926 millones, una magnitud que revela hasta qué punto el país sigue expuesto a la restricción externa y a la volatilidad cambiaria. A eso se suma una dependencia extraordinaria del Fondo Monetario Internacional: el propio FMI informa que la Argentina registra 41.789 millones de DEG de crédito pendiente, equivalentes a aproximadamente USD 57.300 millones, lo que la mantiene como su principal deudor. Y mientras el Gobierno exhibe un superávit primario de $6,8 billones en el primer trimestre de 2026, hay 12,2 billones de intereses capitalizables. En otras palabras: el ajuste fiscal que se presenta como fortaleza convive con un endeudamiento masivo. Nos mienten con el superávit, nos mienten con la deuda. Entonces es necesario que el Congreso tenga la jerarquía política e institucional para efectuar los controles pertinentes”.
Control y sostenibilidad
La iniciativa refuerza el rol del Congreso en las operaciones de especial relevancia. Determinados acuerdos, reestructuraciones, endeudamientos con organismos multilaterales por encima de ciertos umbrales, operaciones que afecten activos estratégicos o compromisos en moneda extranjera con cláusulas especialmente gravosas deberán contar con autorización expresa del Congreso mediante ley especial previa, acompañada de un informe técnico completo, público y presentado con anticipación. De esta manera, se busca revertir una práctica reiterada en la Argentina: que el Parlamento sea convocado cuando la decisión ya está tomada o, peor aún, que sea directamente desplazado del proceso de deliberación.
El proyecto de ley plantea que la deuda pública no puede seguir administrándose con escasa transparencia, información fragmentada y mecanismos de registro insuficientes, mientras se toman decisiones que comprometen el futuro de varias generaciones sin un debate parlamentario profundo ni participación ciudadana. “Hoy el Congreso ejerce un control parlamentario débil. Nosotros queremos fortalecer ese rol institucional como corresponde”, sostuvo Jorge Capitanich.
En cuanto a los límites financieros, el proyecto propone un “parámetro prudencial” del 30% del PBI para deuda denominada, indexada o pagadera en moneda extranjera. En caso de superar este porcentaje, el Poder Ejecutivo deberá presentar ante el Poder Legislativo una senda de convergencia para reducir la vulnerabilidad externa en un plazo máximo de diez años.
Otro de los puntos destacados es la creación de un Registro Nacional de Deuda Pública Consolidada, de acceso público, que deberá actualizarse trimestralmente. También se incluye la obligación de registrar y tasar los activos inmobiliarios del Estado para evitar que el patrimonio público sea utilizado como garantía sin trazabilidad ni control institucional.
Respecto a la toma de deuda por parte de las provincias, el proyecto aclara que se mantiene la autonomía local para el endeudamiento. La intervención del Ministerio de Economía de la Nación se limitará exclusivamente a un control técnico cuando se afecten recursos federales o se soliciten avales nacionales, reemplazando la discrecionalidad política por reglas objetivas de responsabilidad fiscal.
En esa línea el Senador expresó: “Sabemos que existen limitaciones en donde el endeudamiento provincial es una moneda de cambio y forma parte de las negociaciones políticas para conseguir votos en el Congreso por parte del Ejecutivo Nacional. Nosotros creemos que es necesario tener equilibrio fiscal, que es necesario que las obligaciones financieras se cumplan en tiempo y en forma; pero que se respete la Constitución provincial y las leyes que reglamentan su ejercicio y sus limitaciones. Que exista una obligación de registro y de información, pero que eso no sea un factor limitativo de negociación para que las provincias puedan ejercer su estrategia de negociación con organismos multilaterales de crédito”.
Según el Senador el proyecto de ley expresa, en definitiva, una voluntad política concreta: sacar la deuda pública de la opacidad, devolverle centralidad al Congreso, proteger los activos estratégicos del Estado, transparentar los compromisos asumidos y construir un marco de responsabilidad compatible con la soberanía económica y el federalismo argentino.
“No se trata de impedir que el Estado se financie cuando sea necesario. Se trata de impedir que vuelva a endeudarse sin control, sin información suficiente y sin rendir cuentas ante la representación popular. Creemos que es una contribución para fortalecer el Congreso, cumplir la Constitución y garantizar transparencia en la información pública”, concluyó Capitanich.