En un acuerdo de juicio abreviado pleno, dos peones rurales de 26 y 36 años fueron sentenciadas a dos años de prisión en suspenso por un delito de abigeato, ocurrido el 12 de septiembre último, en el Establecimiento Rural “El Lucero” del Departamento Monte Caseros, donde fueron sorprendidos en plena sustracción y faena de ovejas.
El juez de Garantías sustituto Alfredo Aguirre, presidió la audiencia, convocada por la Oficina Judicial (Ofiju) por el representante del Ministerio Público Fiscal.
La Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Monte Caseros presentó para su homologación un acuerdo previo, celebrado por las partes que tuvo la rúbrica de los imputados, asistidos por el doctor José Luis Gelmi Berecoechea.
Luego de aceptar la responsabilidad en el delito de abigeato ocurrido hace menos de dos semanas, recuperaron su libertad, bajo el compromiso de respetar ciertas pautas de comportamiento y realizar determinadas acciones.
De cuerdo con los hechos presentados, aquel sábado 12, un vecino alertó sobre la presencia de dos personas en uno de los potreros del establecimiento ganadero ubocado en la zona de Cuatro Bocas a la altura del kilómetro 400 de la Ruta Nacional 14,
En respuesta, una comitiva policial de la Unidad Especial y Ecológica se presentó con celeridad al lugar indicado donde sorprendió a los sospechosos que fueron aprehendidos al momento.
Tambien trabajaron efectivos de la Comisaría Primera, GTO e Investigaciones de Curuzú Cuatiá.
Durante el operativo hallaron e incautaron varios elementos vinculados al delito como ser cuchillos, chairas, tres pieles de oveja y restos de otros dos animales ovinos y hasta celulares.
La Fiscalía de la jurisdicción dispuso inicio de actuación en el marco de un procedimiento especial de flagrancia.
Durante la audiencia, el magistrado se refirió al rápido accionar policial que permitió tanto la dilucidación del hecho durante su desarrollo mismo, como el hallazgo de los elementos que han permitido su comprobación, según planteó el portal Confirmado.com.ar.
Luego de cerciorarse la libre voluntad de los imputados para la firma del acuerdo de juicio abreviado pleno y los derechos con los cuentan, el juez impuso la pena de dos años de prisión en suspenso.
Cabe señalar que las partes habían requerido tres años de prisión, en atención a la ausencia de antecedentes computables de los imputados, su situación social y características de los hechos descriptos.
Asimismo impuso el cumplimiento de las reglas de conducta de fijación de domicilio y comunicación de su modificación y la presentación ante la Oficina Judicial mensualmente por el mismo término de la condena.
Los imputados que se encontraban cumpliendo prisión preventiva, recuperaron su libertad atento al dictado de la condena en suspenso, sometiéndose a las reglas impuestas por el magistrado.