Las diputadas nacionales Julieta Campo (Chaco), Claudia Palladino (Catamarca) y Pablo Yedlin (Tucumán), impulsan un proyecto de ley para establecer un régimen federal de equidad tarifaria eléctrica que contemple las condiciones climáticas y sociales particulares del Norte Argentino. La propuesta parte de la situación que atraviesan las provincias donde las temperaturas superan con frecuencia los 40 grados y consumir más electricidad durante el verano no es una elección, sino una necesidad para sostener condiciones básicas de habitabilidad. “Es injusto que las boletas de luz de los chaqueños siempre estén atadas a la voluntad del presidente de turno”, sostuvo Campo, quien explicó que el proyecto busca establecer un criterio de justicia tarifaria que contemple “las condiciones climáticas de extremo calor que vivimos y el salario promedio de nuestra región”. Se trata de un estudio basado en las normas IRAM que definen las zonas en base a las caracteristicas bioclimáticas.
El proyecto alcanza a Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y San Juan, además contempla la incorporación de departamentos o municipios de zonas cálidas del norte de Santa Fe y Córdoba. La iniciativa establece un bloque de consumo protegido durante todo el año y prevé mayores beneficios en los meses de temperaturas más elevadas, cuando el uso de ventiladores y aires acondicionados aumenta considerablemente. “Vivir en el Norte Argentino no puede ser un castigo”, planteó Campo, quien cuestionó que “las decisiones sobre las tarifas eléctricas no contemplen las particularidades de las provincias del Norte”.
Uno de los puntos centrales es que el beneficio no sería igual para todos, sino que tendría en cuenta la situación económica de cada familia. Las familias que perciban ingresos equivalentes o menores a tres canastas básicas tendrán una bonificación en la factura de luz del 70%, mientras que aquellos superen estos ingresos la bonificación será del 25%.
Además, se contempla un descuento del 50% para hospitales públicos, escuelas y entidades de bien público y del 90% durante todo el año para usuarios electrodependientes. “Frente a la injusticia de tarifas que devoran el salario, proponemos junto a otros diputados nacionales del Norte argentino tarifas razonables ante la crisis económica en la que estamos hundidos”, afirmó la legisladora chaqueña.
“En el Norte no se puede discutir el consumo eléctrico como si todas las regiones del país tuvieran las mismas condiciones”, sostiene el proyecto, que plantea que la política energética debe incorporar una mirada federal. En provincias con altos niveles de pobreza y menores ingresos, el peso de las facturas de luz representa una carga especialmente fuerte para las familias, al mismo tiempo que la falta de gas natural en buena parte del Nordeste deja a la electricidad como una de las principales fuentes de energía para calefacción, refrigeración y otras necesidades básicas. “Cuando el salario no alcanza y las facturas de luz se devoran una porción importante de él, las familias terminan endeudándose para vivir”, señaló Campo, quien cuestionó además la mirada del Gobierno nacional sobre la región y agregó que “el único Norte que conoce Milei es Estados Unidos, mira para afuera en vez de mirar para adentro de cada hogar”.
La propuesta también recupera la expansión de la infraestructura eléctrica realizada durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que permitió integrar al Norte Grande al sistema nacional y llevar energía a localidades y zonas que durante décadas habían permanecido relegadas. El proyecto busca así instalar en el Congreso una discusión sobre el carácter federal de las tarifas y establecer un criterio que combine equidad territorial y justicia social. “Con esta ley no se crean nuevos impuestos, sino que se distribuyen los recursos que ya existen en el sistema energético para garantizar una tarifa justa”, explicó Campo. El objetivo, señalan sus impulsores, es que vivir en una provincia con temperaturas extremas no implique pagar más por una necesidad básica y que el acceso a la energía eléctrica pueda ser garantizado como un derecho en todo el territorio nacional.