Resulta que esa casa está en una parcela de la zona de Margarita Belén, Provincia del Chaco, de 30 hectáreas, en la cual se radicó en 1974 el padre de Vilma, Don Carlos Benítez. Para el año 1979 Vilma y Martín se casan, se radican allí y crían a sus 6 hijos.
Actualmente viven en esa parcela Fernández Martín; Benítez Vilma; Fernández Graciela; Fernández Julio; González Carolina; Fernández Patricia; Sánchez Claudio; Fernández Griselda; Aranda Luis; Fernández Marcela y Ortiz Pedro, de los cuales 6 menores de edad.
En el año 2004 ganaron el juicio de usucapión o prescripción adquisitiva por posesión durante más de 20 años en forma pacífica.
Para su sorpresa se sustanció ese mismo año una juicio de desalojo porque apareció la heredera de un anterior dueño (que perdió la tierra al no pagar un préstamo y ser llevada a remate) aduciendo derechos de propiedad por tener documentos de la tierra, aunque ganaron en primera instancia luego se falló a favor de la heredera
Otro antecedente importante es la Ley Provincial 2890-I, del 3 de septiembre del año 2018, que establece:
El texto de la Ley no deja margen de dudas, deberán suspenderse los procedimientos judiciales de desalojo que puedan existir por la propiedad, en lo referido a la posesión, uso u ocupación, en relación a las tierras de la agricultura familia campesina e indígena. No pareciera haber necesidad de interpretación: sólo cumplir la ley.
Por esta situación tan grave y triste, agravado todo por la fecha seleccionada por la justicia para realizar estos dispositivos judiciales, se reunieron en la propiedad de la familia Fernández organismos, organizaciones campesinas, personas y familiares para impedir tal desalojo.
Estuvieron allí integrantes del Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar –IDRAF- en la persona del su Vocal Sr. Oscar Gamarra y equipo técnico; de la Subsecretaría de Agricultura Familiar Lic. Ana Nicora e Ing. Marcelo Ruesta; de la Asociación de Consorcios de Servicios Productivos Rurales; de los Consorcios de Colonia Benítez y Margarita Belén; de la Corriente Agraria Nacional y Popular Chaco – CANPO- la Ing. Agr. María Angélica Kees, a UNPEPROCH, organización que nuclea a productores de la zona y respalda sus luchas por la tierra, vecinos y familiares.
El desalojo no se realizó, pero es una espada que pende sobre una familia rural que vive y produce en ese predio y en la zona, contribuyendo a la seguridad y soberanía alimentaria.
La tierra es un bien social, no puede estar solamente sujeta a las maniobras de empresas inmobiliarias. Esto no termina acá, por ello se pide la urgente aplicacion de la ley de freno a desalojos”.