Dicha resolución establece un servicio de justicia de urgencia con el objetivo de brindar a los ciudadanos la posibilidad de realizar aquellas gestiones impostergables, tramitar procesos urgentes, obtener decisiones jurisdiccionales definitivas e interocutorias, como así también todas aquellas diligencias que reduzcan posibles atrasos, minimizando el impacto negativo de un futuro restablecimiento pleno del servicio. Destacamos, particularmente que la mencionada resolución, tiene como objetivo primordial que el servicio de justicia de urgencia se preste resguardando la salud de la totalidad de los agentes del Poder Judicial, profesionales, justiciables y ciudadanía en general. Es por ello que se prevé reiniciar las tareas sin atención presencial del público, quienes podrán efectuar sus requerimientos por los medios digitales. Asimismo, los magistrados y funcionarios que se encuentren dentro de los grupos de riesgos frente al Covid-19 desempeñarán sus funciones desde sus domicilios y a través de medios digitales disponibles, en tanto que el resto del personal se considera en guardia pasiva en sus respectivos domicilios, lo que no requiere su presencia, circunstancia que denota su entera protección. Es en este contexto que “todos” los magistrados y funcionarios judiciales tienen el deber de prestar servicios con el más alto sentido de la responsabilidad para poder dar solución a los problemas de la población y para cumplir y hacer cumplir con la Constitución. Las circunstancias excepcionales requieren soluciones de tal carácter. Y en esta situación extraordinaria que nos toca vivir, las medidas adoptadas se corresponden con un elevado sentido de la responsabilidad, garantizando de manera razonable el acceso y servicio a justicia; razón por la cual desde nuestra institución, cuyo objetivo principal es velar por el cumplimiento de la independencia judicial y de sus integrantes, además trabajar para que se logre un adecuado servicio de justicia, acompaña la decisión de poner en marcha los mecanismos necesarios para que todos los jueces y funcionarios judiciales puedan llevar adelante el cumplimiento de sus funciones en forma segura y acompaña a sus integrantes para que garanticen los derechos de toda persona en un proceso justo en el contexto señalado.