Desde el bloque Frente Integrador, la diputada Clara Pérez Otazú ingresó el proyecto de resolución 585/2020 por medio del cual expresa beneplácito y acompañamiento al Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional Nº 367/2020 “Covid-19 –Enfermedad de carácter profesional no listada” dictado el 13 de Abril del 2020, declarada por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) como una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) en el marco del Reglamento Sanitario Internacional y la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley Nacional N° 27.541, en la ciudad de Buenos Aires.
Con esta decisión, las y los trabajadores, que se encuentran prestando sus servicios, en el contexto de la emergencia y la situación extraordinaria, que estamos atravesando, se ven protegidos, obligando a las ART a la cobertura en forma inmediata, de las prestaciones previstas en la Ley de Riesgos de Trabajo.
Por ello, la legisladora considera oportuno solicitar al poder Ejecutivo Provincial, que a través de la Subsecretaría de Relación con los Medios y la Subsecretaria de Comunicación realicen amplia difusión de la presente, ordenando su publicación por los medios gráficos, televisivos, radiales e internet de toda la Provincia.
Al referirse a la decisión del gobierno Nacional, Pérez Otazú manifestó “celebro que el Estado Nacional haya tenido una rápida respuesta de protección al incorporar al Covid-19 como una enfermedad de carácter profesional no listada”.
“El deber de preservar la salud de los habitantes del país más aun de aquellos que en el momento se encuentran en actividad, por ser estas esenciales para el funcionamiento del estado, requiere una rápida intervención y respuesta por parte de los organismos del estado, con la incorporación de este decreto a la lista de legislación de emergencia que viene dictando el poder Ejecutivo Nacional, se cumple con los reclamos que venían realizando los trabajadores en particular, las asociaciones gremiales y los profesionales del derecho, en el sentido de protección a las y los ciudadanos que se encuentran excluidos del aislamiento social preventivo y obligatorio, que se dispuso frente al avance del covid-19 en nuestro país” indicó la legisladora.
Por lo antes mencionado, la diputada enfatizó “celebramos el hecho que con la incorporación de este Decreto, dictado por el PEN, cuando un trabajador considere que ha contraído la infección del COVID-19 en la prestación de servicios, fuera de su domicilio y realizando actividades esenciales exentas del aislamiento social, y haga la denuncia ante la aseguradora de su empleadora, esta deberá presumir que dicha enfermedad ha sido causada en forma directa e inmediata por el empleo y comenzar a otorgar las prestaciones correspondientes según la Ley 24557. Como surge del citado decreto, las ART no podrán rechazar la cobertura de tales contingencias al tomar conocimiento de las denuncias que estén acompañadas por el diagnostico correspondiente confirmado por la entidad debidamente autorizada”.
Y explicó que “frente a estas denuncias las aseguradoras deberán otorgar cobertura inmediata de las prestaciones establecidas por ley 24557 y sus normas modificatorias y complementarias. En tanto que también se establece que en los casos de trabajadoras y trabajadores de la salud se considerara que la enfermedad COVID-19, guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, salvo que se demuestre en el caso concreto la inexistencia de este último supuesto factico, con lo que no deja dudas de que en el caso de los profesionales de la salud que deberán ser asistidos y tener cobertura frente a un eventual contagio del virus en el desempeño de sus funciones, siendo estos profesionales los que hoy en día están más expuestos a contraer el virus, y a su vez los que más protección necesitan por ser su labor, fundamental para hacer frente a la crisis causada por la Pandemia” detalló Pérez Otazú.