Entre los fundamentos de la iniciativa legislativa señala que “finalidad de este certificado es poder ofrecer al titular propietario de fibra de algodón, sea persona humana o persona jurídica, la posibilidad de gestionar distintas líneas de crédito sobre la base de la propiedad del producto, ofreciéndolo en garantía, hasta tanto se efectivice la comercialización y cobro del mismo.
El titular de la fibra podrá así tener a su alcance la posibilidad de utilizar un deposito fiscal habilitado para tal fin, debidamente autorizado por el Ministerio de Industria, Producción y Empleo, a fin hacerle entrega del producto – fibra, estableciéndose claramente la cantidad, calidad y valor real del mismo.
En razón de ello el depósito fiscal extenderá a favor del titular del producto un certificado detallando cantidad, calidad y valor estimado a cifras reales de mercado a la fecha de depósito.
Ese certificado de propiedad y depósito puede en manos de titular ser presentado ante las entidades financieras que lo reciban, como garantía de crédito, hasta tanto se comercialice el producto de acuerdo a las condiciones del mercado.
El descuento del certificado en la entidad financiera no podrá superar el 75 % del valor de mercado del producto, quedando el remanente del 25 % para cubrir los gastos de estacionamiento, guarda, vigilancia, seguros y fletes que pueda generar el producto en el depósito.
Una vez comercializado el producto, el titular debe efectuar la operación comercial, acreditando los fondos producto de la venta en la entidad tomadora del certificado a fin de que este haga la retención y recupero de los fondos prestados con más los accesorios de gastos e intereses y de corresponder la acreditación de fondos a la firma titular del depósito fiscal.
De esta manera se está permitiendo a los productores y titulares de fibra la posibilidad de mantener en depósito el producto hasta tanto las condiciones del mercado permitan la venta a valores competitivos y razonables en función a la inversión realizada, y sobre todo evitar abusos propios de prácticas oligopólicas de cierto sector del mercado algodonero.
Por otro lado, la entidad financiera se asegura el cobro del crédito otorgado al productor o titular de la fibra, al ser la entidad receptora de los fondos producto de la venta.
El Deposito Fiscal cumple el rol de certificar la existencia, cantidad, calidad y el valor del producto generando un grado de confianza hacia el tenedor del certificado para que éste pueda obtener mejores precios comparativos esperando en depósito el momento oportuno de venta.
Para subsanar el grave problema que enfrentan numerosos productores algodoneros de la provincia, relativo al costo de cosecha y enfardado del algodón, se establece que el ministerio de la producción contemplará la posibilidad de brindar créditos a fin de que se pueda costear el gasto que ello demande, de manera previa y a los fines de que todos puedan acceder a la herramienta financiera prevista en la presente iniciativa.
Creemos que la realidad actual de los productores algodoneros de nuestra provincia requiere una mirada especial y herramientas legales que garanticen un trato justo y equitativo”, concluyó.-