“Resaltamos que cualquier actuación estatal orientada a este tipo de acción sea esta de vigilancia, seguimiento o inteligencia, aun cuando se trate de situaciones de emergencia, debe tener un marco regulatorio que sea de acceso público, ceñido a los criterios convencionales y constitucionales de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el ejercicio de sus funciones, de forma que se garantice la plena vigencia de los derechos humanos” indicó.
Del mismo modo que remarcó “la importancia de contar para su aplicación con un mecanismo o protocolo, garantizando para su elaboración la más amplia participación y convocando a Organismos de DDHH, expertos en esta temática, legisladores de distintos bloques parlamentarios, y Organizaciones de la Sociedad Civil”.