Como legisladora oriunda de Barranqueras, me solidarizo con los empleados precarizados de la Municipalidad que, en plena emergencia sanitaria, y sin posibilidades de acceder a otra fuente laboral, debieron recibir en estos días la triste noticia, de que no se les renovaba sus contratos.
No desconocemos que es una atribución del municipio, sin embargo, consideramos que debería considerarse el mérito, oportunidad y conveniencia de la medida, dado que en esta ocasión resulta inoportuna la medida, en razón de la situación de crisis económica, sanitaria y social que estamos atravesando.
Tal vez, desde el ejecutivo han considerado la existencia de Mérito, entendido como pruebas o razones que le resultan válidas para tomar tal decisión, sin embargo, debería guardar correlación y conformidad entre la utilidad y el provecho de la medida (conveniencia), máxime si a esto sumamos la oportunidad, a saber la conveniencia de tiempo y lugar, sobre todo al considerar el presente escenario de emergencia sanitaria que atraviesa la ciudad de Barranqueras, y toda la provincia del Chaco.
Concepto que si bien es atribución a las facultades o potestades discrecionales, o, al menos a las ejercidas con ese carácter y como consecuencia de ello, plausibles de llevar a la práctica por el municipio.
Sin embargo, no podemos dejar soslayar, la realidad que hoy muchas familias, en este caso de empleados municipales, atraviesan, teniendo como único sustento el ingreso que éstos trabajadores llevan a sus familias.
La medida hizo que personal precarizado y contratado, entre ellos recolectores de residuos, cultura, contaduría y asesoría legal. Medida hasta en contraposición a las directrices del Ejecutivo Nacional, el que por Decreto 329/2020 estipulaba: “resulta imprescindible habilitar mecanismos que resguarden la seguridad de ingresos de los trabajadores y trabajadoras, aún en la contingencia de no poder prestar servicios, sea en forma presencial o en modos alternativas previamente pactados”. Instrumento dictado en el marco de la pandemia por coronavirus.
Por ello, apelamos a la reflexión de la Intendenta Magda Ayala dado que se “Expone a los trabajadores a una situación de reclamo por sus derechos y también a la situación epidemiológica donde por decreto se le pide a la sociedad aislamiento preventivo obligatorio debido a que en nuestra provincia hay circulación viral, exigiendo ciertas cuestiones de higiene y prevención, que con estos reclamos quedan totalmente de lado”.
Consideramos que mínimamente se debería dar continuidad a la relación contractual de los mismos mientras dure el estado de emergencia en la provincia, y que llegado el momento si cesa este grado de incertidumbre, el ejecutivo municipal pueda ratificar y/o rectificar su postura respecto a cada caso en particular.
Cabe recordar, que distintos medios periodísticos en fecha 06 de febrero del presente año titulaban: “Magda Ayala Lanzó Histórico Plan De Regularización De Empleados Municipales”, a través del cual se había puesto fin al reclamo histórico de trabajadores que prestaban servicio en la Municipalidad de Barranqueras, los que se encontraban en situación irregular de empleo.
Decisión que se materializó oportunamente a través de las Resoluciones Nº 183 y 184 de creación del denominado Programa de Regularización Laboral y Erradicación de la Precarización Laboral en el ámbito de la Municipalidad de Barranqueras.
Que tal medida consistía en la incorporación, además de los contratados de servicios, de los trabajadores que prestaban servicio como PAM (Programa de Ayuda Municipal) y Jornalizados, quienes históricamente fueron los más perjudicados a pesar de que realizan una tarea importantísima en las tareas cotidianas del Municipio.
Llamativamente, a escasos meses de tal anuncio que había propiciado dicho beneficio para los trabajadores, hoy varios de los agentes que se acogieron al Plan mencionado, fueron notificados que quedan fuera del sistema, al no renovárseles sus contratos. Con repercusiones directamente en los hogares de los barranquerense, cuando en realidad debería primar la denominada y tan defendida justicia social.
Acciones que resultan chocante, porque pareciera que la Intendenta volviera sobre sus propios pasos, al desconocer el denominado plan de reparación histórica elaborado por ella misma para los más perjudicados, desconociendo así principios rectores de la denominada justicia social, y dejando de lado el norte marcado por el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial, que tanto le apoyaron en sus gestión.
Por ello solicitamos al ejecutivo municipal que revea la situación, como la oportunidad en que se da LA NO RENOVACIÓN DE CONTRATOS AL PERSONAL y que ratifique las resoluciones firmadas con antelación, referidas al plan de regularización, máxime dado el marco de emergencia sanitaria por la que está atravesando nuestra provincia”.
*Carina Batalla Diputada Provincial