Los mismos se encuentran además de imputados en la causa penal bajo la órbita del Poder Judicial, bajo sumario administrativo llevado adelante por el Órgano de Control Institucional.
Esta decisión del Gobierno guarda plena coincidencia con la Ley del Personal Policial de la Provincia del Chaco, la Ley de Seguridad Pública y los compromisos Nacional e Internacionalmente asumidos a partir del caso “Greco”, así como por el compromiso público realizado de garantizar una política de seguridad democrática con perspectiva de DDHH.