En un año lectivo signado por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, más las acuciantes angustias sociales e individuales que generó la pandemia por coronavirus, fue necesario profundizar las políticas educativas que hagan escuela en este contexto
La situación actual también ha exaltado otras problemáticas que ya iban en incremento: femicidios, abusos sexuales en la infancia, niñas obligadas a parir, múltiples expresiones de violencias (de géneros, institucional, racial, xenofóbicas, de clase, etcétera). La educación ya no puede sostenerse como una institución aislada, sino como agente de cambio en estas transversalidades.
En diálogo con la directora de Bienestar Educativo del Ministerio de Educación de Chaco, Nadia Pietrobelli, a cargo de llevar adelante el programa de Educación Sexual Integral (ESI), indica que la “escuela es el lugar para generar diversas experiencias de aprendizaje, en el marco de un proyecto político-pedagógico para los tiempos que vendrán”. El equipo de gestión señala que hubo un largo camino recorrido de tensiones y luchas acerca del papel de la Educación en la sociedad democrática y el hecho de que “hoy sea obligatoria por ley, no se traslada directamente a las acciones y prácticas para generar el escenario en que el derecho sea ejercido, por quienes forman parte de ella”.
Hay dos miradas que se tornan necesarias: la de las y los sujetos y sus modos de habitar la escuela, que la hacen y la viven, así como las representaciones y expectativas que el mundo adulto tiene y guían su práctica. “El embarazo en la adolescencia, por mencionar un hecho que interpela, es de larga existencia; pero, al contrario de tiempos anteriores, hoy la escuela secundaria es obligatoria, por lo que no pueden ponerse en marcha mecanismos expulsores, al menos de forma visible, que antes se hubieran justificado en discursos como ´dejó la escuela porque está embarazada’”, aseguran. Sobre este tema y otras de similares orígenes, explican: “irrumpen en la cotidianeidad escolar otras corporalidades, otras estéticas y muchas veces, esa irrupción es frenada por el reforzamiento de las normas, prácticas y representaciones que buscan perpetuar ciertas visiones que van en contra del enfoque de derechos”.
Y por ello, destacan que la incorporación de la ESI, a 14 años de la Ley 26.150, “sigue poniendo en tensión a la escuela porque provoca el recrudecimiento de los enfrentamientos de posiciones contrarias”. Esto es, la ampliación de derechos, por un lado, y la restricción de las trayectorias a quienes puedan hacerla bajo los viejos términos de la escuela selectora, por el otro. Pero, además, quienes se paran en la última posición, se aferran a determinadas representaciones sobre la escuela y lo que debería ser, sosteniendo, a través de sus prácticas, “una escuela que reproduce y perpetúa una sexualidad y la construcción de géneros más ligadas al enfoque restrictivo de experiencias, porque, aún en la negativa a transversalizar la ESI, la escuela construye género y sexualidad”.
Insisten en que “hay una tarea enorme que requiere recuperar, fortalecer y reivindicar la dimensión política de la práctica docente”, a través de una pedagogía de ampliación de derechos, y buscando conmover los nudos críticos de la escuela. “Sólo así, desde un enfoque integral, la ESI será posible”; de lo contrario, los esfuerzos de la política pública no lograrán transformar la escuela para efectivizar el derecho social a la educación y el derecho a la ESI. “Es en las prácticas de enseñanza donde la ESI será posible para la construcción de una sociedad más igualitaria, libre de violencias por razones de género y donde cada persona pueda ejercer sus derechos”, concluyen.