Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos calificaron a la jornada como “histórica”, ya que permitirá avanzar en la investigación y el juzgamiento de la supuesta privación ilegal de la libertad hacia Juan Ángel Greco en 1990.
Luego de la primera audiencia del juicio oral y público en la causa judicial conocida como “Greco II”, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco se destacó el compromiso de los tres poderes del Estado como garantía para no repetir estos actos de violencia institucional.
Así lo entendió la subsecretaria Nayla Bosch tras participar de la jornada y recordar que la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco es querellante en la causa 20.298/13- “Valdez, Adolfo Eduardo; Brunet, Ramón Antonio; González, Francisco Walter y González, Jorge Antonio S/ privación ilegítima de la libertad y vejaciones en concurso real”.
“El caso Greco está siendo observado a nivel internacional. Es por ello que los tres poderes del Estado han puesto su compromiso para avanzar y decirle no, una vez más, a la violencia institucional”, ponderó la funcionaria provincial. El proceso judicial continuará el miércoles con tres declaraciones testimoniales; mientras que los alegatos se desarrollarán jueves y viernes.
COMPROMISO DE LOS TRES PODERES
“Este compromiso de los tres poderes quedó sellado en un acta de compromiso rubricada en marzo pasado donde los tres poderes expusieron en qué puntos iban a avanzar, fue elevada a la parte peticionaria y a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) para informar una agenda de trabajo conjunto”, recordó Bosch.
En este marco, recalcó el compromiso del gobernador Jorge Capitanich, no sólo en impulsar y en avanzar en el cumplimiento de la solución amistosa y en cada uno de los pendientes, sino también “poner en el centro de la escena el compromiso del estado Chaqueño en la misma CIDH donde mostró el avance y el compromiso con el caso”, analizó.
El caso Greco se enmarca en lo que es la solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tiene varios puntos que deben ser cumplidos y uno de ellos es el avance de la causa penal. “En este sentido habíamos avanzado ya en la causa Greco I, pero la provincia del Chaco tenía pendiente el avance en la Causa Greco II. El Poder Judicial se comprometió y avanzó en el inicio del juicio. Nos parece clave el avance judicial, que por parte del Ejecutivo provincial somos querellantes en la causa”, concluyó la subsecretaria.
“UN DÍA HISTÓRICO”
Por su parte, el abogado de la querella de la Secretaría de DDHH y Géneros, Paulo Pereira calificó como “histórico” a este día, porque si bien en 2012 dos de los agentes policiales intervinientes en lo que fue el incendio en la celda de la comisaría de Puerto Vilelas fueron condenados por incumplimiento de los deberes de funcionarios público, quedó pendiente la investigación y el juzgamiento de la supuesta privación ilegal de la libertad hacia Juan Ángel Greco.
“La defensa tanto oficial como particular de los imputados de los acusados planteó la prescripción de la acción penal por el paso del tiempo. Este planteo ha sido rechazado tanto por el fiscal especial en Derechos Humanos, Luciano Santos como por la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, representada por su titular Silvana Pérez y la subsecretaria de Derechos humanos Nayla Bosch, entendiendo que la prescripción no puede oponerse a la obligación internacional de llevar verdad y sanción a los responsables de estos hechos”, detalló el profesional.
“Estas audiencias son pasos hacia el cumplimiento de la solución amistosa, hacia la reparación del derecho internacional y hacia el cumplimiento del compromiso internacional que tiene el Estado argentino y chaqueño en este caso”, concluyó Pereira. Y cerró: “En este caso, estamos llevando reparación en tanto y en cuanto acceso a la justicia por esas privaciones ilegales de la libertad y las vejaciones sufridas por Juan Ángel en 1990 cuando tenía 24 años”.
EL CASO GRECO
Los peticionarios alegaron que el 25 de junio de 1990, Juan Ángel Greco (24 años) fue detenido ilegalmente y maltratado cuando trataba de obtener asistencia policial al denunciar una agresión. Así, señalaron que mientras Greco estaba detenido en la Comisaría de Puerto Vilelas, se produjo un incendio en su celda, en circunstancias no aclaradas, que le provocó graves quemaduras.
Asimismo, sostuvieron que la Policía era responsable de provocar el incendio y de demorar varias horas el traslado de la víctima al hospital. Greco estuvo hospitalizado hasta su fallecimiento, el 4 de julio de 1990, y enterrado, conforme a lo denunciado por los peticionarios, sin una autopsia adecuada.
Los peticionarios señalaron también que el Estado no realizó una investigación adecuada para aclarar los hechos aducidos, con lo cual denegó a la familia su derecho a que se hiciera justicia y a obtener una indemnización.