A más de un año y medio de la muerte de Sebastián Ponce de León, el fiscal provisorio de Derechos Humanos, Luciano Santos, ordenó la detención de dos agentes policiales presuntamente involucrados en los hechos que concluyeron con el fallecimiento del joven de 35 años en febrero de 2019. Ponce de León fue detenido el 31 de enero de ese año en la Comisaría Primera de Barranqueras y luego trasladado al Hospital Perrando donde falleció 10 días después como consecuencia de una insuficiencia renal aguda que habría sido provocada por la brutal golpiza recibida en la sede policial y durante el traslado.
Desde un comienzo, la causa atravesó un dilatado derrotero judicial por cuestiones de competencia, como suele ocurrir en casos en los que se sospecha de la participación de funcionarios de la fuerza policial, hasta que quedó radicada definitivamente en la Fiscalía Penal Especial de Derechos Humanos que ayer dictó la orden de detención de los agentes Cristian Alfredo Chamorro y Sebastián Darío Romero.
Aunque la investigación permanece caratulada desde el inicio como “muerte dudosa”, el fiscal Santos consideró que “teniendo en cuenta la gravedad del hecho investigado, así como también los elementos probatorios incorporados a las presentes, y existiendo motivos suficientes para sospechar que los encartados habrían participado en la comisión del hecho, resulta necesario decretar su aprehensión”.
Desde el comienzo, la familia sostiene que Ponce de León murió producto del accionar policial y pidió que se investigue esa hipótesis. Además, el padre del fallecido denunció que durante la detención, el joven resultó con lesiones gravísimas, que derivaron en una insuficiencia renal aguda, al tiempo que manifestó que al momento de recuperar la conciencia, al cuarto día de internación, el propio Sebastián relató a la familia que había sido muy golpeado por la policía, pero que tenía miedo de denunciar en el lugar porque había un policía custodiándolo. Fueron los familiares de Ponce de León, precisamente, los que apelaron a todas las instancias necesarias para que en esta causa no se consagre la impunidad como es habitual en casos que involucran a funcionarios policiales.
La clave de la segunda autopsia
Pese a que en un primer momento se practicó una autopsia del cuerpo de Ponce de León por parte del equipo del Instituto Médico Forense del Poder Judicial (IMCiF) que reconocía que la causa de la muerte estaba “directamente relacionada a los politraumatismos padecidos”, ni los familiares ni las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y el Comité Provincial de Prevención contra la Tortura quedaron conformes con el resultado.
Así, hace poco más de un año, resolvieron solicitar una nueva autopsia a manos de especialistas en casos de violencia policial como los peritos forenses Basilio Ramírez y Virginia Creimer (quién recientemente participó en la autopsia del resonante caso del joven Facundo Astudillo Castro). Al aplicarse el denominado “protocolo de Minnesota” para casos de muertes violentas en manos de fuerzas de seguridad, los especialistas concluyeron “la localización de multiplicidad de lesiones a nivel de tórax, abdomen, cabeza y pies específicas de malos tratos atribuibles a las prácticas de las fuerzas de seguridad estatales”.