Se realizaron aportes a los proyectos -que pretenden, por un lado, una actualización integral de la legislación en materia de Mediación; otorgar la participación ciudadana –juicios por jurados- en la administración de la justicia civil y comercial; y la creación la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, los que serán considerados en la comisión de Legislación General, Justicia y Seguridad del Poder Legislativo.
De la jornada participaron el presidente de la Legislatura, Hugo Sager; la titular de la comisión de Legislación General, Nadia García Amud; los diputados Juan Manuel Pedrini, y las diputadas Teresa Cubells y Gladis Cristaldo; la ministra de Seguridad, Gloria Zalazar y la comunidad jurídica.
Debate del proyecto de modificación integral a la ley de mediación
Esta iniciativa respeta el sistema de mediación actualmente regulado en la Ley N° 1601-M “pero da un paso más contemplando la universalidad de conflictos vigentes en la actualidad y que surgen de la complejidad y diversidad de las relaciones que se entablan” indicó el gobernador, quien además consignó que se prevé “la mediación extrajudicial, sin intervención alguna del Poder Judicial, abarcando en general la resolución de cualquier conflicto en materia disponible, y en particular la mediación comunitaria y la medición penitenciaria”.
Al debatirse este proyecto, la Dra.Beatriz Contreras, secretaria del Centro Público de Mediación, en su exposición indicó “tendríamos que estar orgullosos de la calidad y del éxito de la mediación en el Chaco –sostuvo- vemos con beneplácito la llegado de una nueva ley, hemos observado en forma macro y en forma micro el proyecto y esa opinión la elevamos el miércoles pasado a la Legislatura, hoy queremos comentar cual sería nuestra idea desde el punto de vista del Poder Judicial, y ponernos a disposición para seguir impulsando la mediación con la misma calidad”.
En particular consideró “que es bueno que exista una mediación extrajudicial y una judicial como esta implementada en algunas provincias como Salta, pero la parte de la mediación judicial debería seguir estando dentro del ámbito del Poder Judicial, armonizar y funcionar en forma conjunta la mediación extrajudicial en el ámbito del Poder Ejecutivo con facultad sancionatoria y la mediación judicial dentro del ámbito del Poder Judicial”.
Asimismo, hizo hincapié en dos puntos “que dentro de la mediación no deben ponerse a discusión las situaciones en crisis, por un lado, y que tanto la anterior ley como el proyecto deberían respetar o mantener la jerarquización de la mediación, los mediadores deberían ser universitarios, y rendir los exámenes que rinden a la fecha”.
La Defensora General Alicia Alcalá adhirió a lo dicho por la Dra. Contreras, y agregó algunas consideraciones en cuanto a la inclusión de la figura de asesor o asesora de niños, niñas y adolescentes que asista al adolescente que participa en una mediación; señaló la improcedencia de enviar al Ministerio de Seguridad los acuerdos arribados por las partes porque es una violación al principio de confidencialidad y propuso “elevar un informe diciendo si hubo o no acuerdo a fines estadísticos”.
También celebró la inclusión de la mediación penitenciaria en la norma, aunque observó “deberían excluirse los temas de derecho de familia, alimentos, de hijos o hijas de las personas privadas de la libertad, cuando hablamos de la etapa prejudicial o de mediación de los niños niñas y adolescentes debemos centrarnos en ellos no en los adultos, este proyecto así como está redactado se centra en la situación de las personas privadas de su libertad y hace una diferenciación con respecto a sus hijos de otros niños”. Finalmente observó: “no se debe encuadrar a los jueces de paz como mediadores, el juez no es un mediador, él tiene funciones jurisdiccionales, si confundimos los roles de mediador y de juez estos acuerdos pueden llegar a algún tipo de invalidez”.
Nelson Mussín, inspector de Justicia de Paz y Faltas, se refirió a este último punto, y señaló “tenemos una ley madre que es la ley 2171-A que habla de la organización de la Justicia de paz entre las competencias incluye la de conciliador, mediador; nos interesa el artículo del proyecto donde se menciona a los jueces de paz y vamos a tener que trabajarlo en cuanto a la competencia porque dice que si se van a desempeñar como mediadores deben haber completado la capacitación básica, eso va a ser un elemento determinante”.
“También nos interesa el tema de la mediación con movimientos sociales –agregó- es algo importante porque está en juego la competencia de las fiscalías penales, recuerden que en Resistencia tenemos muchos movimientos sociales y esto va a tener que tenerse en cuenta”.
Ampliación de materia en juicios por jurado
Con este proyecto, el gobernador, propicia la ampliación de materia en Juicios por Jurados en casos Civiles y Comerciales, considerando que será beneficioso al sistema judicial, aplicándose de manera gradual como servicio a los litigantes ya que a su vez garantizará plenamente uno de los principios fundamentales del derecho procesal moderno: la solución justa, rápida y económica de todo procedimiento, en juicio público, oral, adversarial y ante todo, con participación ciudadana.
Sobre esta iniciativa el abogado Andres Harfuch consideró “esta es una ley inteligente, gradual, transicional, que va a permitir el acompañamiento de un sistema escrito, secreto y pro expediente como es la justicia civil en Argentina y en el Chaco, para pasar a un modelo oral, público y transparente” y agregó: “no podemos poner toda la justicia bajo parámetros tan garantistas como los que significa un sistema oral y público, entonces la ley va a permitir que funcione como es ahora y va a permitir que las partes puedan concurrir a un juicio oral y público en ciertos casos como derechos del consumidor, de libertad de expresión, derecho ambiental”.
Destacó que el proyecto considera “una presentación anticipada de la prueba, después una audiencia de admisibilidad de pruebas y el juez va a determinar qué pruebas el jurado va a escuchar, mientras esto sucede las partes van a tener la posibilidad de mediar y evitar el juicio” y se refirió también a la disposición que señala que “durante los dos primeros años el Superior Tribunal va a tener la posibilidad de elegir qué juicios van a ir a jurados para poder tener un mínimo de juicios por jurado por mes, esto va a permitir que cuando se cumplan esos dos años de vigencia de la ley el sistema va a poder entrar a caminar solo”.
Matias Sucunza hizo hincapié en “la idea de que este proyecto es responsable, esa también es una idea fuerza que atraviesa el proyecto, es muy consciente de los desafíos que supone en términos de capacidades, de destrezas, de reconstrucciones y deconstrucciones, a partir de esa base lo que el proyecto hace de forma madura y seria es responsable y esa responsabilidad se traduce en una implementación gradual que alega en cabeza del propio Poder Judicial la valoración del plazo de vigencia, la incorporación de mayor o menor cantidad de causas, hay una serie de estándares a los cuales se liga”.
La Dra. Alcalá apuntó “en general coincido con el articulado de la ley, con el objetivo y el espíritu que es prestar un mejor servicio de justicia, pero hay varios artículos que hay que trabajar, porque me parece que hay una impronta similar al juicio por jurado penal y tenemos que darnos cuenta que los principios del derecho procesal civil y el penal son distintos”.
En ese sentido hizo consideraciones respecto a la asistencia en conflictos que involucran a personas vulnerables o niños, elevar el monto de la reparación para que proceda el juicio por jurado, la representatividad adecuada y el rol del juez, y la sentencia.
Adrian Heñin Juez de la Sala IV de Apelaciones Civil y Comercial, destacó la iniciativa “porque significa una mayor participación ciudadana, no solo en la participación del jurado en sí, sino en tomar conocimiento de las dificultades de tomar las decisiones por parte de los jueces” y agregó “hay que hacerle algunos ajustes al proyecto, el primero es el tema de los casos de responsabilidad extracontractual, en cuanto a que debería ser competente o no un jurado, eso de la mano de una implementación progresiva para el instituto, tiene que haber un periodo de capacitación como lo hubo en la justicia penal y ese número de procesos va a hacer que un jurado pueda definir en menores tiempos”.
“El juicio tiene que ver no solo con el monto sino con la trascendencia política, no cualquier cosa puede ser materia de juicio por jurado, para todos los que sean procesos colectivos sería importante y en responsabilidad civil extracontractual podríamos trabajar sobre respecto de que parte puede decidir el jurado, y que parte se puede delegar al juez técnico” agregó.
Creación la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura
Como parte de este paquete de leyes, enviadas por el gobernador Capitanich, también se halla el proyecto de ley que busca la creación la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chaco, con la cual se propiciará la capacitación de funcionarios de la judicatura, iniciativa que también fue analizada en esta jornada.
En este punto, la Dra. Alcalá se refirió a esta iniciativa y explicó “todos y cada uno de los objetivos establecidos en este proyecto de ley los lleva a cabo el centro de estudios judiciales del poder judicial, que tiene 42 años de existencia, fue la primer escuela de Latinoamérica y de hace 42 años hasta la fecha está cumpliendo el rol que se prevé en esta ley, permanentemente el poder judicial organiza los cursos para funcionarios, magistrados y empleados, y hay una parte que hace una extensión a la comunidad; si el Consejo de la Magistratura deseara tener otra escuela me parece excelente, lo puede hacer, porque el Consejo no solo está conformado por el poder judicial, pero no con el nombre de escuela judicial”.
El Juez Heñin, adhirió a las palabras de Alcalá y agregó “la escuela que tenemos no solo es la primera en Sudamérica sino que es de excelencia, de todas maneras una idea superadora para preparar a jueces sería muy loable, todo esfuerzo que venga a sumar y a aunar voluntades, pero si destacar el trabajo de excelencia de nuestra escuela, como la de Misiones y la de Neuquén está a la vanguardia del país”.
También participaron de la jornada la defensora General de la provincia, Alicia Alcalá, Nelson Mussin Inspector de justicia de paz y faltas, Juan Basail subsecretario de Seguridad Vial, la subsecretaria de Seguridad Lurdes Polo, el subsecretario de Planificación, Justicia y Seguridad Leandro Álvarez, Adrian Heñin Juez de la Sala IV de Apelaciones Civil y Comercial, Beatriz Contreras secretaria del Centro Público de Mediación, funcionarios y gran parte de la comunidad jurídica.