En los fundamentos que acompañan la iniciativa, desde el Poder Judicial, señalan que la misma “promueve y autoriza la utilización del expediente electrónico en la provincia del Chaco como respuesta a las demandas del servicio y peticiones de las asociaciones que nuclean a los profesionales que ejercen el derecho por la crisis de COVID-19 y como continuación de las tendencias de innovación ya en marcha”.
Asimismo, busca regular “los aspectos esenciales y generales de la digitalización y delega en el Superior Tribunal de Justicia su implementación progresiva y constante mediante la reglamentación que se dicte, complementándose con las vigentes, por ejemplo, en notificaciones electrónicas, escritos INDI, firma digital o electrónica, comunicaciones entre tribunales provinciales y de otras jurisdicciones”.
Además la Comisión despachó en forma unánime el Proyecto del Poder Judicial por el que se promueve reconvertir la Ley 397-A otorgando competencia en materia contencioso administrativo a las Salas Primera y Segunda en lo Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, del Trabajo y en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.
Finalmente obtuvo despacho dividido el proyecto del Ejecutivo por el que se crearíacon carácter de entidad autárquica el Instituto de Gestión de Tierras, con personería jurídica propia y con capacidad de actuar en el ámbito del derecho público y privado.
El instituto -de llegar a aprobarse- tendrá como objetivo la coordinación y ejecución de las políticas, normas y procedimientos que rigen la disposición y administración de los bienes inmuebles urbanos y rurales de la totalidad de las Jurisdicciones y Entidades que conforman el Sector Público Provincial; gestionar y centralizar la información de bienes inmuebles, mediante un registro unificado, para alcanzar un aprovechamiento óptimo del patrimonio estatal, utilizando plataformas para un acceso simple, ágil y transparente; la planificación y ejecución de proyectos para dinamizar la integración de áreas postergadas al tejido urbano, con el objeto de generar desarrollos urbanísticos, productivos, turísticos, industriales, entre otros; la regularización dominial y ordenamiento territorial de barrios y asentamientos, generando un programa de titularización de inmuebles, su mensura, relevamiento y registración
“Concluido el tratamiento del temario-señaló Amud- hemos escuchado la opinión de trabajadores que nos habían solicitado audiencia, relacionadas al área de cooperativas del Poder Ejecutivo, respecto de lo cual nos encontramos trabajando y tratando proyectos para poder avanzar cuanto antes sobre la cuestión”.
La reunión fue presidida por la diputada Nadia García Amud, y dieron quórum en la comisión de Legislación General, los diputados Juan José Bergia, Livio Gutiérrez, Nicolás Slimel, Teresa Cubells, Jessica Ayala, Clara Pérez Otazú, Carmen Delgado, Gladis Cristaldo, Gustavo Corradi y Débora Cardozo.