“Es un amparo colectivo de un grupo social que está vulnerado. Son personas humanas reconocidas dentro de la concepción. Y, constitucionalmente, entendemos que este grupo tiene reconocimiento de derechos”, dijo sobre la defensa del niño por nacer Fernando Guirado, abogado que patrocina al grupo de personas que solicitó a la Justicia chaqueña una medida cautelar de no innovar contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), y logró que la jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti hiciera lugar al planteo.
En declaraciones esta tarde al canal de noticias TN, el letrado aseguró que “hay niños por nacer cuya vida está en riesgo hoy”, dada la vigencia de la Ley IVE en el país.
“Se hicieron abortos dentro de la vigencia de la ley. Nosotros entendemos que, en esa protección sobre esos niños, el Estado tiene que ser más activo y en ese sentido la Constitución Nacional lo establece”, señaló.
Guirado recordó que “un grupo de ciudadanas de la provincia del Chaco han presentado una medida cautelar y un amparo, como parte también de mucha gente en el país que ha considerado que existían vicios graves que atacaban la constitucionalidad de la ley del aborto”.
Tutelar el derecho a la vida
En concreto, sostuvo que “los fundamentos –de la presentación judicial- consideran que la vida es parte de la concepción, y la necesidad de proteger y tutelar el derecho a la vida”. Además, subrayó que “la Constitución de la Provincia del Chaco, más los fundamentos constitucionales nacionales y de tratados internacionales, dice de manera específica que el gobierno debe garantizar el derecho a la vida desde la concepción”.
Con esas bases, fue requerida a la jueza “una medida cautelar para que el gobierno provincial garantice ese derecho reconocido en la Constitución”. “Entendemos que una norma de este tipo –la Ley IVE- estaba violando las competencias provinciales reconocidas en la Constitución”, agregó.
Control de constitucionalidad
Sobre el debate parlamentario, Guirado consideró que “fue un trámite importante para la discusión, pero no quita que una norma, cualquiera que surja del Congreso, pueda tener control de constitucionalidad”. En esta ocasión “se ha planteado esto considerando de que jueces, como esta jueza que trató u otros de otras jurisdicciones, puedan controlar y determinar si la ley es constitucional o no. Eso fue únicamente lo presentado más allá de los fundamentos vertidos”, expuso.
Al respecto, citó que el artículo 43 de la Constitución Nacional “da la posibilidad de reclamar, vía amparo, ante violaciones puntuales de la Constitución a intereses colectivos”.
En cuanto al control de constitucionalidad, el abogado agregó: “Si bien los fallos van sobre cuestiones concretas, estamos hablando de intereses colectivos y difusos conforme lo establece el artículo 43 de la Constitución Nacional. En ese caso, también estamos invocando derechos de niños por nacer que necesitan una tutela de una jurisdicción, que también requiere en este caso una respuesta jurisdiccional acorde”. “Claramente en estos aspectos se requiere un fallo que sea eficaz para ese tipo de defensa del derecho que estamos invocando”, indicó, y sostuvo en forma irónica: “No va a venir un niño por nacer a plantearnos judicialmente algo”.
Por otra parte, marcó “incongruencias” entre la Ley IVE y la Ley de los 1000 días, ya que esta última “protege al niño y, durante el embarazo, a las mujeres”. “Son posiciones entendibles. Fueron planteadas en el debate legislativo, donde diferentes sectores, diputados y senadores analizaron la posibilidad de ir a la Justicia como control jurisdiccional”, cerró.
El jueves, la jueza a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº19 de Resistencia hizo lugar a la medida cautelar presentada por seis personas patrocinadas por Guirado, que pidieron la suspensión en la provincia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo y con vigencia en todo el territorio argentino.