Una necesidad imperiosa para poder mantener la estructura de un servicio público que es utilizado a diario por miles de chaqueños, pero que se da en un contexto complejo: estamos en la ciudad más pobre de la Argentina, con una real prestación del servicio seriamente afectada desde el año pasado por la pandemia más las restricciones a la circulación y con el valiente esfuerzo de los choferes que arriesgan su vida en cada “vuelta” en pos de brindarse al usuario.
En mi paso en la gestión pública municipal he tenido la “grata” experiencia de llevar adelante un proceso de “Audiencia Pública”. Estudios de Costos, Edictos, Libro de Registro de Asistentes, Exposiciones, Publicación de Conclusiones y la Propuesta para el Concejo Deliberante… son algunos de los pasos que conlleva ese procedimiento de consulta y formación de la voluntad estatal, pero que en definitiva, solo pone en evidencia el dilema: nos ajustamos a una “tarifa técnica” determinada por el estudio de costos o fijamos una “tarifa política” más acorde con la realidad y que no afecte en demasía el bolsillo de los usuarios. A las conclusiones del último estudio de costos del sistema interurbano esa “tarifa técnica” estaba superando los $60; aplicarla sin sentido “político” sería un golpe devastador para el bolsillo del usuario.
Y sumemos que en la soledad de la decisión política uno no puede perder de vista que se trata de un sistema que hace mover diariamente (en el Gran Resistencia) a mas de 300 unidades, transporta cientos de miles de pasajeros mes a mes, que por fin tiene un marco legislativo dado por la LEY 3105 – T donde se crea el “ENTE REGULADOR PARA EL TRANSPORTE”, donde si bien plasma un sistema ideal con una autoridad metropolitana que decida y controle el servicio, hoy no deja de ser una norma de avanzada pero sin aplicación concreta en la realidad. Sin dudas estamos lejos de satisfacer las demandas del usuario que viaja muchas veces mal y no es realmente el centro del sistema como debería serlo.
Pero la lucha a darse, sin distinción de banderas y posiciones políticas, es lograr romper con la actual distribución de los subsidios para el transporte público para el AMBA y el INTERIOR, en donde las jurisdicciones de las provincias pierden por goleada con el Área Metropolitana conformada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Municipios del conurbano bonaerense; esos dos sistemas de transporte público se llevan más del 80% de los subsidios estatales, quedando las provincias solo con sumas que sirven de parche y migajas para sostener el servicio y eso impide achicar la brecha de las tarifas, que resultan altas en las ciudades capitales de las provincias del interior en comparación con las más lógicas y bajas del AMBA.
Es deber de quienes conducen las gestiones públicas, para de verdad poner al usuario como objetivo principal del servicio, asegurar a las empresas titulares de la concesión que puedan cubrir los costos de la prestación del servicio, que además sea puntual y eficiente y obtengan la ganancia legitima por ese obrar; que los choferes puedan enfocarse en la conducción segura, en unidades en buenas condiciones, con seguridad en los recorridos y no que deban estar velando cada mes para saber si sus haberes se depositan en tiempo y forma, pero no solo los choferes, sino todo el plantel que implica una empresa de colectivos: mecánicos, pañoleros, inspectores, administrativos, gomeros, lavanderos, personal de seguridad y limpieza.
Aquí la intervención estatal debe exigirse de inmediato; ya es positivo y digno de imitar que nuestros cuatro Concejales radicales en la Ciudad de Resistencia hayan puesto en evidencia que un nuevo aumento, además de que va golpear duramente al bolsillo de los usuarios, no va hacer que el servicio cambie de la noche a la mañana, ya que sin que se mejore la ecuación económica que haga viable la concesión otorgada es difícil que se invierta y se sostenga el sistema, y allí el tema de la compensación estatal a través del subsidio es de vital importancia para cubrir las diferencias entre la “tarifa técnica” y la “tarifa política”.
También todos los concejales, tanto de las ciudades del área metropolitana y del interior provincial donde los servicios de colectivos de corta, media y larga distancia son fundamentales para conexión entre pueblos, parajes y ciudades, deben impulsar esa discusión en pos de que nuestra provincia reciba más fondos en concepto de subsidios destinados al servicio de transporte público de pasajeros.
Y sin dudas y, es casi una obligación, que nuestros Legisladores Nacionales que han conformado juntos, con la participación del Sr. Gobernador, el BLOQUE CHACO, le exijan como tema prioritario a trabajar en conjunto a esta cuestión; y que también nuestro mandatario provincial convoque al bloque a una reunión donde se plasme en acciones concretas e inmediatas la posibilidad de reclamar a Nación una redistribución más justa y equitativa de los subsidios al transporte público de pasajeros.