Las últimas novedades respecto a esta causa fueron que el fiscal Luciano Santos solicitó la elevación a juicio, imputando a la comisaria Claudia Beatriz Lucena por incurrir en “Encubrimiento Agravado”, pero sin tener en cuenta el delito de torturas para algunos efectivos, qué es lo que reclamaban las querellas de la familia violentada y los organismos de Derechos Humanos. En caso de que se dé lugar a esta solicitud, Lucena podría enfrentar otra imputación por “Omisión de Evitar Torturas”.
Hubo un anterior pedido de elevación a juicio por parte de Santos que no prosperó, ya que las querellas se opusieron porque no se inculpaba a Lucena de ninguna transgresión, sumado a que se acusaba a los policías implicados de “vejaciones agravadas” y no de torturas.
Nazaruka sostuvo que “la pretensión es que se imputen y posteriormente se condenen a los diez policías involucrados en los hechos del 31 de mayo del 2020”, y agregó que “luego de idas y vueltas con recursos interpuestos ante diferentes instancias judiciales, el fiscal de Derechos Humanos solicitó la elevación a juicio, lo que quiere decir que clausura la investigación por considerar que cuenta con todas las pruebas necesarias”.
En una misma sintonía explicó que “la causa se compone de tres querellas, una por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, otra por parte del Comité para la Prevención de la Tortura y otra por parte de la Defensa Publica, que está a cargo de la defensora n° 14, Karina Paz”.
“Cuando leemos el requerimiento de elevación a juicio vemos que se imputó a la comisaria Claudia Beatriz Lucena de la comisaría tercera de Fontana, que estuvo presente esa noche y que se la vio ingresar y salir muchas veces de la pieza donde torturaban a los chicos”, remarcó la abogada, y continuó diciendo: “En su momento, no la querían imputar porque el fiscal alegó que no tenía elementos de pruebas suficientes, ignorando los videos donde se la ve en el lugar”.
Asimismo, expresó que “la jueza de Garantías, Rosalía Zozzoli, resolvió que el fiscal Santos vuelva a estudiar la investigación, las pruebas y el pedido de las querellas para volver a realizar una elevación a juicio, ya que nunca respondió formalmente dentro del expediente porque no iba a imputar a Lucena”.
Acerca de la relevancia internacional que tomó el caso, expresó que “fue en ese momento donde intervinieron equipos de Amnistía Internacional, que están trabajando desde el día uno en este caso, y mantuvieron una serie de reuniones institucionales donde dialogaron con el fiscal Santos, y donde le plantearon el daño psicológico que sufrieron las víctimas”, y añadió que “entonces el fiscal alegó que no tenía pruebas suficientes, así que mandó a hacer una pericia nueva, que dieron el resultado que los damnificados tienen estrés post traumático grave y que varios tienen ataques de angustia, llantos, miedo cuando ven pasar a la policía”.
En igual sentido, precisó que “finalmente el fiscal presentó la elevación a juicio con la imputación a Lucena por ‘Encubrimiento Agravado’, pero mantiene la imputación a algunos agentes policiales por vejaciones, es decir, no tuvo en cuenta las pruebas que él mismo mandó a hacer por pedido de Amnistía Internacional”, y amplió detallando que “entonces las querellas nuevamente se opusieron a la elevación a juicio, y recién hay fecha para el 4 de febrero en el Juzgado de Garantías para que decida la jueza Zozzoli”.
Sobre la oposición a esta nueva elevación a juicio, Nazaruka manifestó: “Nosotros pedimos que se los impute y condene por torturas, no por vejaciones, ya que la diferencia radica en la gravedad del daño”, y contó que “hay pericias psicológicas que se hicieron desde el Poder Judicial a todas las víctimas, inclusive a la madre de uno de los chicos, que dan cuenta del daño psicológico que les quedó, y eso está comprobado”.
“A dos chicas las rociaron con agua con alcohol, les tiraban colillas de cigarrillo y les decían que las iban ‘a prender fuego, negras sucias’, además de los golpes, insultos y amenazas, todo esto se agrava porque pertenecen a la comunidad Qom”, aseguró la letrada.
En una tendencia semejante, señaló que “las querellas en su totalidad coinciden plenamente en que hay elementos probatorios suficientes para imputar, no por vejaciones sino por torturas, a algunos agentes policiales involucrados en este caso de violencia institucional”.
En lo relativo a cómo se llevaron a cabo los procesos de indagación, declaró que “por haber sido una buena investigación es que hoy las querellas cuentan con los elementos probatorios suficientes para solicitar la imputación por el delito de torturas”.
Fuente: DiarioTAG