La comisionada del Comité para la Prevención Tortura Chaco, Silvina Canteros, dio detalles de la recorrida realizada por integrantes de ese organismo por comisarías del Gran Resistencia y de las ciudades cabeceras de departamentos: Castelli, General San Martín, Sáenz Peña, Charata y Villa Ángela. En diálogo con Radio Provincia, la abogada adelantó que, en marzo de 2022, se presentará el informe anual del Comité y, desde ahí, se harán recomendaciones que son “conclusiones del diagnóstico” surgido de la recorrida realizada.
“Esas recomendaciones tienen el sentido de generar un diálogo político y cooperativo con las autoridades públicas (Ministerio de Seguridad, Gobernación, Poder Judicial, Defensa Pública), proponiendo alternativas de solución posible”, explicó, refiriéndose así a las condiciones de alojamiento y hacinamiento de las personas privadas de su libertad.
“Un espacio de diálogo son las Mesas Interpoderes, de donde salen acuerdos prácticos de asistencia esencial y de garantía mínima como atención a la salud”, indicó Canteros. “No pensemos en soluciones absolutas ni concluyentes. Esto debería ser un proceso de diálogo y de compromisos políticos y de recursos y de objetivos sostenidos en el tiempo”, agregó.
En ese marco recordó que, como tarea principal, el Comité realiza monitoreos y visitas a los lugares de encierro: comisarías, unidades penales y alcaidías. “En los primeros días de diciembre hemos terminado la recorrida por comisarías del Gran Resistencia y por las comisarías de los departamentos principales: Castelli, General San Martín, Sáenz Peña, Charata y Villa Ángela. Tenemos un diagnóstico de la situación de las personas privadas de la libertad en comisarías”, explicó.
“En el Chaco existe mayor cantidad de personas privadas de su libertad que están alojadas en forma permanente en comisarías, en relación con el alojamiento tradicional de una persona privada de la libertad que es el sistema penitenciario”, contrastó, indicando la preocupación sobre esa situación que empezó a configurarse durante este año.
Precisó así que en comisarías de la provincia hay alrededor de 1400 personas alojadas y en el Servicio Penitenciario Provincial entre 1200 y 1300. “En total, en el Chaco hay unas 2600 personas privadas de su libertad”, indicó.
En tanto, dijo que el cupo que tienen las comisarías de toda la provincia es de 502 camastros. Así, al haber alrededor de 1400 personas alojadas en la actualidad, significa casi el triple de su capacidad, alertó Canteros. “Eso implica que haya personas durmiendo en el suelo, en galerías, en las puertas de los baños. En el horario diurno recogen sus colchones y están en una celda muy pequeña que está pensada para 4-6 personas, y están el doble o el triple, encerrados casi las 24 horas”, describió.
“El problema no es sólo el hacinamiento sino la imposibilidad material de que las comisarías tengan un espacio de descanso y otro para estar, ya sea un patio, un hall o un espacio abierto”, marcó. Esas condiciones –resaltó- hacen difícil la salida de las personas a lugares con luz natural, para recreación y se agrega “una cuestión de salubridad, haciendo sus necesidades en tachos”. “No hay acceso a la salud y otro problema es el alimentario porque cada uno se sostiene a través de familiares que le llevan alimentos”, acotó.
“Hay condiciones mínimas que son violatorias y tienen que ver con la garantía de vida e integridad psicofísica que debe dar el Estado, que es alimentación y salud”, subrayó Canteros.
Mesas Interpoderres
En ese marco, destacó la importancia de haber retomado las mesas interpoderes, que se venían haciendo desde 2016, y habían logrado avances concretos porque se tratan situaciones en particular.
“Se pudo avanzar en un sistema de atención de salud primaria en todas las comisarías del Gran Resistencia, con un camión sanitario que visitará los centros policiales para hacer un relevamiento y atención primaria de la salud”, comentó.
Acerca de las soluciones, la abogada señaló que “el problema no es sólo generar espacios de alojamiento adecuados y respetuosos de la vida e integridad de las personas, sino rever, replantear y revisar aquellos criterios de criminalización y judicialización de situaciones, y el uso de la prisión preventiva, e incluso pensando medidas alternativas a la prisión, como prisión domiciliaria, sistemas de control electrónico para delitos de menor cuantía o aquellos que implican menor daño a la sociedad”.
“Las soluciones tienen que converger en disponibilidad de recursos y decisión política. Buenos Aires, la provincia más grande en densidad poblacional, tiene dictámenes, medidas cautelares y sanciones por Naciones Unidad y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto al alojamiento permanente de personas privadas de su libertad en comisarías”, indicó. Y sumó: “Debe ser una planificación a corto, mediano y largo plazo”.
El comunicado
A través de un comunicado difundido hoy, el Comité para la Prevención de la Tortura expresó su preocupación por las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad alojadas en comisarías de la Provincia del Chaco. Según datos recientes, 1.445 personas se encuentran alojadas en comisarías, llevando los niveles de hacinamiento, en alguna de ellas, entre un 300% y un 1000%.
Un caso emblemático es de la Comisaría Quinta de Resistencia, donde se encuentran alojadas 54 personas cuando la capacidad límite es para 16. De hecho, esta situación fue objeto de un reciente habeas corpus por agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención que ordenó, entre otros puntos, el traslado de los detenidos a la órbita del Servicio Penitenciario Provincial hasta alcanzar un 30% de la ocupación actual.
Como ya lo expresó el Comité, durante 2021 se rompió una brecha histórica y las dependencias policiales pasaron a tener más personas privadas de libertad que las unidades penitenciarias, algo que nunca había sucedido en la provincia.
La situación de las personas privadas de libertad en dependencias policiales es una problemática estructural que se sostiene a través de los años y de la que se derivan diferentes violaciones de los derechos de los detenidos y del personal policial. No obstante, esta situación se vio agravada durante los últimos meses con una tendencia creciente.
En este marco, desde el Comité para la Prevención de la Tortura, junto a la Secretaria de DDHH y Géneros y la Defensoría General, se convocó a la conformación de una mesa de diálogo interpoderes, la cual se ha reunido mensualmente desde agosto de este año. El próximo encuentro está programado para el 20 de diciembre próximo.