La medida en cuestión había sido ordenada por el Juzgado Civil y Comercial Nº 2, a cargo de la jueza María Laura Praxedis Zovak.
Según expresó en aquel momento la diligencia judicial no contaba con el marco de garantías constitucionales: “Es una barbaridad que una jueza de primera instancia firme una orden de allanamiento así sin más. Porque yo no tengo nada que ver con esto, iban a entrar y a inventariar las cosas que tengo en mi oficina. Y las oficinas de los demás abogados, porque es un estudio que tiene cinco oficinas y una sala de Secretaría”.
Es por esto que, según se pudo saber, se decidió habilitar a la comisión directiva del Colegio de Abogados para que eleven una nota al STJ.
Asimismo, también desde el colegio pidieron que les comunica a todos los jueces que no se puede librar una orden que sea un allanamiento en la que no se especifique que se debe comunicar al Colegio de Abogados para que intervenga.
De esta manera, el comunicado no fue solo para la jueza en cuestión, sino para el general de los jueces.
Por otro lado, también informaron que esta información se hará extensiva a las comisarías, para que los comisarios puedan tener conocimiento de cómo funciona la Ley a la hora de allanar un estudio jurídico.