En este sentido, el organismo que conduce Bernardo Voloj solicitó “informe urgente” a la Prefectura Naval; a la Dirección Nacional de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercantes y a la Administración Provincial del Agua, pidiendo “se agoten todas las vías para estudiar el caso, saber cuáles son las medidas que se están adoptando al respecto y requirió precisiones sobre la implementación del plan de contingencia”.
Con esa finalidad, se solicitó información para determinar la magnitud del daño ambiental y sobre las medidas que “tomaron y tomarán para mitigar y/o prevenir un mayor daño, asimismo poder conocer cuál fue el plan de contingencia realizado”. “Todo esto con la finalidad de analizar las acciones a llevar adelante para sancionar y/o prevenir otro evento similar y a su vez para dar información correspondiente sobre hecho de tal gravedad a la ciudadanía”, se agrega en un comunicado de prensa.
Del mismo, “resulta necesario que frente a la cantidad de mensajes falsos o fake news circulando por distintas redes sociales sobre la calidad de agua potable, es menester que la empresa SAMEEP intensifique los controles en la toma de captación de agua e informe de forma periódica la calidad del agua”. Finalmente, ya desde la histórica bajante del río Paraná a inicios del 2021, la Defensoría exigió la “necesidad de articular políticas institucionales ambientales interjurisdiccionales, al considerar naturalmente que lo que impacta en una costa necesariamente impacta costa abajo”. “Todo ello en aras de .mejorar la gestión ambiental de la cuenca desde la perspectiva de los derechos humanos, lo que incluye no sólo el derecho al ambiente sano sino también a recibir información oportuna y de calidad”, concluye el escrito.