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La Defensoría del Pueblo realizó un pedido a Vialidad Nacional y a Corredores Viales S.A para la “no aplicación” de los incrementos tarifarios previstos en la Resolución 2023-681 apn, hasta que primero no se garantice una efectiva participación de las y los usuarios, al igual que el acceso a la información veraz, completa y detallada que evidencie dicho aumento. Así se hizo saber desde el organismo a través de un comunicado de prensa.
A su vez, se asegura que un informe realizado por la institución da cuenta que en el caso de los corredores viales existentes en el Chaco, sobre todo en el tramo de la casilla de peaje del Puente Chaco-Corrientes, puede “observarse desde hace mucho tiempo el deterioro constante de la cinta asfáltica, lo que pone en riesgo la circulación, como así también escasa iluminación, hechos denunciados por los usuarios que lo padecen día a día”. También para el caso de las rutas concesionadas en la provincia del Chaco, se pide que se detalle un plan de obras y mejoras previstas para el mantenimiento de los tramos concesionados.
“Más allá de los valores de las actualizaciones, entendemos que el proceso para solicitar estos incrementos es confuso y no solo no garantiza una efectiva participación ciudadana, sino que es sumamente restrictivo. Además, es importante saber cómo es la traducción en términos de obras o mejoramientos y los incrementos solicitados de forma detallada y precisa”, resaltó el Defensor del Pueblo, Bernardo Voloj.
Audiencia pública
A su vez, recomienda a la Dirección Nacional de Vialidad, y por su intermedio a las demás autoridades, que “se modifique el procedimiento de participación ciudadana, previo a todo incremento tarifario, utilizando el mecanismo de la audiencia pública”. “El sistema de audiencia pública es el medio más idóneo para obtener una participación ciudadana acorde a los parámetros previstos en la constitución nacional y el derecho convencional”, destaca.
También se propone incorporar a su sitio web, información referente a costos, incrementos, plan de obras, y demás información necesaria, a fin de no pasar por alto el derecho de los usuarios a obtener información, buscando así bregar por el resguardo de los derechos de la comunidad.