Respetuosa como soy de las instituciones, no puedo quedarme silenciada ante el dolor de la mayor de las instituciones: la familia. Sí, la familia de las víctimas viales.
Entrar en la reflexión sobre el instituto del juicio abreviado en el contexto de los siniestros viales en Argentina nos lleva directo al corazón del conflicto entre la “eficacia procesal” del sistema judicial y el verdadero derecho a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas y sus familias. El derecho penal no puede transformarse en una simple oficina de liquidación o conciliación cuando lo que está en juego es la vida y la integridad de las personas. La búsqueda de la verdad real debe primar siempre sobre la comodidad burocrática de los tribunales.
Para analizar este fenómeno con lupa técnica y sensibilidad humana, es necesario desarmar los tres nudos críticos donde la aplicación automática de esta herramienta procesal genera una profunda resistencia y un dolor revictimizante: La “invisibilización” de la víctima y la supresión de la escucha
El juicio abreviado es, en esencia, un pacto cerrado entre el fiscal y el imputado, donde este último reconoce el hecho a cambio de una rebaja de la pena. En la práctica de la siniestralidad vial, esto significa que los familiares de la víctima quedan relegados a meros espectadores de un trámite administrativo entre paredes.
Se pierde así el espacio soberano del debate oral y público, que constituye el único momento donde una familia puede mirar a los ojos al responsable, expresar el impacto destructivo del hecho y ser escuchada por un tribunal. Al suprimir el debate, se suprime también la humanización del proceso. La
justicia penal no es un algoritmo de resolución de causas; es un acto social de reparación que exige cuerpos, rostros y voces presentes.
El peligro de la “tarifación” del dolor y el costo de la especulación procesal Cuando un siniestro vial -que destruye una vida debido a conductas de extrema negligencia, impericia o desprecio por la norma- se resuelve de manera exprés con una pena de ejecución condicional (en suspenso), el mensaje social es devastador.
Se corre el riesgo de mercantilizar la justicia: pareciera que el sistema penal busca “sacarse el expediente de encima” rápido para cumplir con las estadísticas de resolución de conflictos. Para la sociedad y los deudos, una condena baja y sin prisión efectiva se siente como una impunidad técnica.
No hay una sanción que realmente refleje el valor de la vida humana truncada. El dolor no tiene tarifa, y cuando el sistema pretende licuar la gravedad de la pérdida para ahorrar recursos procesales, vacía de contenido el concepto mismo de justicia.
La pérdida del valor pedagógico y la urgencia de la Reforma del Código Penal Un juicio oral y público no solo sirve para sancionar; tiene una función social pedagógica fundamental. El debate expone públicamente las conductas de riesgo: el exceso de velocidad, el consumo de alcohol, la falta de cuidado o la ausencia de elementos de protección como el casco. Al hacerse público, el proceso educa, genera conciencia y sienta precedentes claros para la comunidad.
El juicio abreviado, al ser un trámite rápido y silencioso, anula por completo este impacto preventivo.
No genera debate social y, por lo tanto, no ayuda a evitar futuros incidentes. La palabra y la reconstrucción pública del hecho tienen un poder transformador que el papel firmado en una oficina no posee.
Es precisamente en este punto donde la discusión procesal choca con una de las demandas históricas más urgentes de nuestra sociedad: la sanción definitiva de la reforma integral del Código Penal en materia de delitos viales.
Este proyecto de ley, que ya cuenta con una trascendental media sanción, marca un quiebre de paradigma indispensable. Por un lado, corre el velo de la especulación al quitar la figura del dolo eventual -tantas veces sujeta a la libre e impredecible interpretación de los jueces- y, en su lugar, eleva de manera contundente la escala punitiva del homicidio culposo, incorporando agravantes precisos como el consumo de alcohol desde el nivel cero, el exceso de velocidad o el uso del celular. Pero el avance más revolucionario de esta reforma, y que interpela directamente la problemática actual, es que prohíbe de forma expresa otorgar el beneficio del juicio abreviado en los casos de homicidios culposos agravados y lesiones graves por siniestros viales.
La reforma entiende que la muerte en el tránsito no se puede negociar a puertas cerradas. Mientras esta ley no se aplique con fuerza plena en todo su territorio, las defensas seguirán utilizando el abreviado como un amortiguador penal para eludir la cárcel efectiva, perpetuando un sistema judicial que funciona como una máquina de firmar salidas rápidas. Necesitamos que esta reforma sea ley para fijar límites sociales claros e introducir un costo punitivo real en la mente del infractor antes de que decida pisar el acelerador.
La intemperie del dolor: ¿Por qué la justicia exige marchar para ser justa?
Llegados a este punto, resulta imperioso hacernos una pregunta incómoda que interpela directamente la fibra ética de nuestras instituciones: ¿Por qué exponemos a las víctimas y a sus familias a la intemperie de las calles para exigir lo que por derecho les corresponde?
Es una escena desgarradora que se repite de forma idéntica en cada rincón del país: madres, padres y hermanos cargando carteles con rostros sonrientes de jóvenes que ya no están, cortando calles bajo el sol o la lluvia, pintando estrellas en el asfalto y organizando decenas de marchas silenciosas.
¿Por qué el sistema judicial exige este tributo extra de sufrimiento? Soportar el duelo ya es una carga devastadora; tener que transformarse en militantes de la causa, en investigadores de sus propios siniestros y en movilizadores comunitarios solo para evitar que un expediente sea archivado o resuelto en un despacho silencioso es una forma cruel de violencia institucional.
Esta necesidad sistemática de visibilizar el dolor en el espacio público demuestra que el engranaje judicial padece de una alarmante sordera crónica. Si la comunidad no marcha, si la prensa no presiona,
la inercia burocrática tiende a la solución más rápida y menos conflictiva para el tribunal: el juicio abreviado. Exigir que una familia destruida deba salir a “rogar” por un debate oral y público es la prueba más nítida de que la justicia vial está funcionando al revés. La transparencia, la investigación minuciosa y la escucha no deberían depender de cuántas marchas logre convocar el desespero de los deudos; deberían ser la respuesta automática e inflexible de un Estado presente.
Un aporte desde la semántica vial
Fijémonos en cómo la propia estructura del derecho procesal utiliza eufemismos como “salida alternativa” o “solución de conflictos”. Desde la semántica vial, sostenemos que las palabras construyen realidades y determinan responsabilidades. Para la familia de una víctima fatal, la muerte de un ser querido con un proyecto de vida truncado no es un “conflicto” a solucionar de manera alternativa, ni un legajo que se pueda archivar con celeridad gerencial; es un hecho irreversible que exige la máxima responsabilidad del Estado a través de su mayor acto de transparencia: el juicio público.
Llevar las historias de las víctimas a un estrado público obliga al sistema judicial y a la sociedad civil a mirar de frente las consecuencias reales de la violencia vial.
Es una discusión jurídica, pero sobre todo ética y cultural: ¿queremos un sistema de justicia que cierre carpetas rápido para aliviar la carga de los tribunales, o uno que priorice la pedagogía del cuidado, el respeto a la memoria de las víctimas y la verdad real? La respuesta que demos en las leyes y en las calles definirá el valor que le otorgamos a la vida humana en nuestra sociedad.
Como sociedad, no podemos permitirnos permanecer ajenos a esta realidad judicial ante los hechos viales, porque se trata de vidas, y lo que hoy permitimos para uno, mañana, puede alcanzarnos.
Las muertes en el tránsito no son meros números estadísticos o de expedientes judiciales, las muertes o lesiones graves en el tránsito son vidas. Vidas.