La iniciativa actúa sobre la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, 27.130, y se denomina “Lineamientos Nacionales de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio”.
“El aumento de la tasa de suicidios viene elevándose en Argentina, y genera preocupación en especialistas de la salud mental. Con una tasa de 11,8 casos cada cien mil habitantes, es el registro más alto en nuestro país. Y es la principal causa de muerte entre jóvenes adultos y adolescentes. Afecta a toda la sociedad y exige una respuesta colectiva”, señaló Capitanich.
Las modificaciones propuestas por el Senador son fruto de un trabajo en conjunto con especialistas de la provincia del Chaco, y la supervisión técnica del Colectivo Argentino de Salud Mental. Se trata de la intervención sobre trece disposiciones de la actual ley, y también se incorpora contenido. Entre los cambios, figura la garantía de una partida presupuestaria para atender a la problemática, con su correspondiente rendición de cuentas; se explicita “la no criminalización del intento de suicidio”; y se crea la Mesa Intersectorial de Prevención, integrada por especialista de los ministerios de Salud, Educación, Seguridad, Justicia y Capital Humano.
El aspecto más novedoso de las modificaciones es el establecimiento de “Lineamientos Nacionales de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio”, en los cuales se establecen los cursos de acción para la prevención, la atención de los casos, y la actuación luego de los eventos de riesgo. Incluye acompañamiento psicosocial para las familias y el entorno de los afectados, análisis de las situaciones de vulnerabilidad económica y trabajo en la comunidad.
Un aspecto significativo del proyecto es el registro de los lugares con mayor incidencia, situación que permitirá un mejor análisis de las causas de los eventos y la consecuente intervención con políticas púbicas.
La reforma adopta la perspectiva de género en el acceso a la atención, y adopta un enfoque intercultural para la situación de los pueblos originarios, y los casos particulares en contextos de encierro.
“Esta reforma es muy importante, porque trabaja aspectos que no atiende la ley actual, como el trabajo integral en el territorio a través de la posvención, que pasa a ser un derecho autónomo. Además, se amplía la mirada sobre las víctimas, teniendo en cuenta las diferencias sociales, para garantizar un mejor acceso a la salud mental. El suicidio no golpea de la misma manera a toda la población”, analizó Capitanich.
Los especialistas que colaboraron con las modificaciones señalan el fortalecimiento del sistema unificado de registro, por ser “una deuda histórica del campo de la salud mental”, así como la incorporación de “terminología clínicamente más precisa” para el trabajo con los factores de riesgo.
“El suicidio es una problemática social que afecta a las familias y a las comunidades, por eso requiere un trabajo integral para la prevención, la atención y el acompañamiento. Como dijo el Papa Francisco, quien busca escapar del sufrimiento por medio del suicidio no merece el juicio, sino la compasión y el acompañamiento. Y con estas modificaciones buscamos un abordaje más amplio e inclusivo”, finalizó Capitanich.
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