En un contundente revés para los intentos del gobierno provincial de judicializar la gestión municipal, la Justicia dictó el archivo definitivo de la causa iniciada por el presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, contra el intendente – en uso de licencia – de Margarita Belén, Javier Martínez, en el marco de la recuperación y adjudicación del predio y las 32 viviendas del programa “Casa Activa”.
De este modo, el fallo judicial respalda el accionar institucional del Ejecutivo comunal, dejando en evidencia que la restitución del predio y su posterior asignación a familias de la localidad se realizaron en estricto cumplimiento de las normativas vigentes y en ejercicio de la autonomía municipal.
“La Justicia nos da la razón y nos da tranquilidad”
Tras conocerse la resolución judicial, Martínez remarcó la importancia del fallo. “Tomamos conocimiento del archivo que dispuso la Justicia de la denuncia que había hecho el presidente del Instituto de Vivienda, lo cual celebramos porque siempre actuamos en el marco de la ley y sabíamos que estábamos tomando una decisión conforme a derecho”.
Asimismo, cuestionó duramente el impacto de las acusaciones previas del organismo provincial. “Las manifestaciones del presidente de Vivienda fueron muy desacertadas y generaron temor e incertidumbre en los vecinos que están habitando estas viviendas. Hoy la Justicia nos da la razón, archivando esa denuncia, lo que nos da tranquilidad a nosotros y sobre todo a las familias que estaban en la incertidumbre”.
Marco Legal y Técnico del Fallo
En el plano judicial, la resolución se basó en los preceptos legales correspondientes, determinándose formalmente que el hecho no encuadra en ninguna figura penal (conforme a los lineamientos del artículo 343 del Código Procesal Penal), lo que dejó sin sustento legal las acusaciones de supuesta usurpación o irregularidades impulsadas por el organismo provincial.
Una victoria de la gestión y compromiso con los vecinos
Con este fallo, el municipio ratifica la legitimidad de sus actos frente a una obra que se encontraba abandonada y paralizada desde agosto de 2023, protegiendo el patrimonio local y evitando que el predio se convierta en un foco de inseguridad y riesgo sanitario.
“A partir de ahora vamos a gestionar lo necesario para que las familias puedan tener los servicios de luz y agua como corresponde, y que tengan la seguridad jurídica de que nadie los va a sacar de una tierra que se les entregó desde el municipio”, concluyó Martínez.
Con la causa archivada, la gestión municipal consolida su legitimidad de gestión, reafirmando que las decisiones se tomaron en defensa de los intereses de la comunidad de Margarita Belén.
