Los diputados provinciales Sofía Brambilla, Norberto Ast y Hugo Calvano ingresaron un Proyecto de Declaración para transformar la seguridad en el puente Chaco-Corrientes. La propuesta exige al Poder Ejecutivo Nacional y a Vialidad Nacional la ejecución de obras que restrinjan el acceso a medios letales, siguiendo lineamientos internacionales de prevención.
La iniciativa se fundamenta en la Ley Nacional N° 27.130 de Prevención del Suicidio y en la guía LIVE LIFE de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sostiene que las barreras físicas son una de las intervenciones más efectivas para salvar vidas en puntos críticos de infraestructura.
Los seis ejes del proyecto de seguridad
La Declaración insta a los organismos nacionales a arbitrar medidas urgentes bajo seis puntos estratégicos de acción:
Barreras físicas: ejecución de cercos de seguridad en toda la extensión del viaducto interprovincial según estándares internacionales.
Restricción peatonal transitoria: limitar el paso a pie únicamente durante el periodo de obra.
Teléfonos de emergencia: instalación de terminales con comunicación directa a líneas de atención en crisis en puntos estratégicos.
Monitoreo 24 horas: refuerzo del sistema de videovigilancia con personal dedicado permanentemente.
Iluminación y señalización: mejora integral de la visibilidad en el puente y sus accesos.
Presencia de Gendarmería: despliegue de personal con capacitación específica en salud mental, articulado con los sistemas sanitarios de Corrientes y Chaco.
Evidencia internacional y marco legal
“La evidencia demuestra que hay medidas concretas que pueden adoptarse”, remarcó la diputada Brambilla. El proyecto cita casos exitosos en ciudades como Toronto, Bristol, San Diego y San Francisco, donde la instalación de barreras de seguridad logró reducciones sostenidas en la tasa de incidentes.
Asimismo, los legisladores aclararon que el pedido de restricción peatonal transitoria cumple con los test de proporcionalidad exigidos por la Constitución Nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, siempre que estas limitaciones se den en el marco de la ejecución de las obras definitivas.
“La iniciativa no pretende ofrecer una respuesta única a un fenómeno complejo, pero sí poner el tema en la agenda pública regional con la seriedad que merece”, concluyó Brambilla, enfatizando la necesidad de fortalecer las políticas de salud mental en el territorio correntino y chaqueño.