La diputada del Bloque Frente Integrador Clara Pérez Otazú, en el proyecto de resolución 763/2020 ve con preocupación la delicada situación laboral que atraviesan profesionales del derecho frente a la emergencia sanitaria por Covid-19, en la ciudad Capital del Chaco.
Para lograr la reactivación gradual de la actividad Judicial, respetando los lineamientos y recomendaciones sanitarias, aconsejadas por los profesionales de la salud, los colegios y consejos profesionales de abogados de la Provincia, han propuesto modos alternativos de trabajo al Superior Tribunal de Justicia,
Es por ello que solicita al Superior Tribunal de Justicia, arbitrar los recaudos y medios que estime corresponder, a fin de brindar una respuesta a las demandas presentadas por profesionales del derecho.
Esta situación “delicada, que atraviesan frente a la Pandemia por coronavirus, pone en riesgo la fuente de ingresos y la imposibilidad de afrontar sus obligaciones económicas, pues muchos se dedican exclusivamente a ejercer la profesión, lo que repercute en los justiciables que demandan respuestas por parte de la justicia y depositan en los profesionales del Derecho sus inquietudes, acerca de cuándo se expedirá la justicia en sus peticiones” argumenta la legisladora.
“La situación por la que estamos atravesando, es particular y entendemos que estas medidas adoptadas por el Poder Judicial, fueron tomadas con el objetivo de cuidar a los trabajadores, letrados y representados, pero frente a esa realidad, se encuentra un grupo de profesionales absolutamente desprotegidos, que no cuenta con la tranquilidad de un sueldo mensual para procurarse su sustento y de sus familias” sostiene Pérez Otazú.
A su vez, remarcó “desde los colegios y consejos de abogados de toda la Provincia, han propuesto a las autoridades diversos modos de trabajo con el fin que aunque no se pueda retomar la actividad de modo total, se brinden nuevas herramientas y alternativas que permitan reactivar de modo gradual, la actividad judicial, evitando a su vez el atraso de la justicia ante las demandas de los justiciables”.
“El acceso a la justicia es un Derecho fundamental, de garantía constitucional y un servicio esencial en toda sociedad, por lo que es necesario lograr un equilibro que no exponga a los trabajadores judiciales y a los abogados, pero que permita continuar brindando a la sociedad el servicio de Justicia” explicó la autora.
Finalmente indicó que “a más de dos meses desde el inicio del ASPO, los profesionales del derecho sobre todo en la ciudad Capital, no obtienen respuestas, frente a sus demandas y ven seriamente comprometidas sus economías, y sin avances en las demandas de los justiciables, sus clientes, esta es una situación que requiere ser visibilizada y solucionada, implementando nuevas herramientas de trabajo que permitan al Poder Judicial seguir funcionando y a los abogados seguir manteniendo sus obligaciones económicas” concluyó.