Lo hicimos convencides que debemos concretar las condiciones que aseguren a las mujeres una participación igualitaria, respetando lo establecido en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer que forma parte de nuestro marco constitucional, asegurando por ley la realización práctica de este principio. Mediante esta simple acción se pondría final a un vacío legal -y real- que en la práctica lleva a la desigualdad en el acceso a oportunidades de las mujeres.
Y fundamentalmente en estos tiempos donde se tiene prisa en la deconstrucción de las desigualdades para construir en la igualdad, aparece urgente el llamado a la Cámara de Diputades de la Provincia del Chaco –que en la sesión pasada del 4 de junio se negó a tratar el tema- en reafirmar el compromiso del Estado con el pleno desarrollo de las mujeres.
En nuestra Provincia contamos con un marco normativo amplio, pero no completo, referido a la protección de los derechos de la Mujer, marco normativo que no siempre se hizo realidad como lo requieren los Pactos Internacionales, sin embargo no se verifican acciones concretas para garantizar su cumplimiento, menos aún de la actual Defensoría del Pueblo.
Si bien el Instituto de la Defensoría del Pueblo se puso en funcionamiento recién hace ocho años, luego de trabajosos acuerdos y presiones sociales, entendemos que la omisión de la inclusión de una mujer como Defensora o como Defensora del Pueblo adjunta es una muestra clara de la necesidad legislativa, más aún con un proceso en marcha.
No dudamos que la aprobación de la ley que propugnamos es imprescindible en forma inmediata para cambiar la dinámica de la Defensoría del Pueblo e introducir la tan reclamada perspectiva de género en las políticas públicas.