La capacitación obligatoria incluirá a las personas que desempeñen actividades en el Sector Público Provincial centralizado y descentralizado, a las empresas del Estado Provincial Servicios Energéticos del Chaco Empresas del Estado Provincial (S.E.CH.E.E.P). Servicio de Agua y Mantenimiento presas del Estado Provincial
(S.A.MEEP) Ecom Chaco S.A. Nuevo Banco del Chaco S.A. Fiduciaria del Norte S A. o las que en un futuro las reemplacen en los términos del articulo 4° de la ley 1092-A (antes ley 4787) – Organiz. y Funcionam. Administr. Financiera Sector Público Provincial.
La autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente o quien en su futuro la reemplace, la que coordinará con la Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco, un sistema de formación de acuerdo a lo previsto en la ley nacional 27 592 que incluya además a autoridades de partidos políticos, dirigentes y postulantes a cargos electivos.
El instrumento además autoriza a la autoridad de aplicación a celebrar los convenios necesarios con universidades concede en la provincia, entidades y organizaciones públicas y privadas a los fines de garantizar la aplicación de la presente ley.
La diputada Nadia García Amud, autora del proyecto que encabezó el despacho, destacó que “la ley Yolanda es una ley que contiene una formación integral en ambiente, con énfasis en cambio climático, Chaco nuevamente está siendo pionero en esta cuestión, cuando uno hace una mirada a nivel internacional se habla del pacto verde y tenemos que reconocer con el Gobierno de Alberto Fernández que la Argentina está siendo parte y está dando el camino hacia un Green Deal argentino”.
“Esta ley marca un horizonte hacia dónde vamos, para comprender las discusiones sobre innovaciones de robótica, inteligencia artificial, entendemos que la humanidad necesita de ese crecimiento, partiendo de este diagnóstico y de que tenemos cuestiones económicas y sociales que abordar, hablar de un acuerdo verde pareciera para otros países algo secundario y para nosotros no lo es, entendemos que se puede buscar una económica sustentable, segura y justa” señaló.
Livio Gutiérrez celebró que la Legislatura “haya tenido la mirada de adherir a esta ley, es útil que el Gobernador haya respaldado esto, que los funcionarios se capaciten sobre los recursos naturales, pero con esto no creo que estemos en prime rmundo, porque en el primer mundo plantan, esperan veinte años y los cosechan y acá no pasa eso, la industria maderera se amontonan en Machagai lleno de madera, aca es un tema de conciencia, y eso es lo que tiene de bueno la ley, porque la conciencia no se genera con extraer sin límite”.
Teresa Cubells, por su parte, enfatizó que “esta iniciativa tiene un na gran relevancia porque permite incorporar en el corazón del eEstado la formación de trabajadores, funcionarios, en materia de ambiente con perspectiva en desarrollo sostenible” y apuntó a que “la crisis sanitaria que se llevó a millones de personas en el mundo tiene como causa el daño que los seres humanos le hacemos al ambiente, una de las razones fue la acción u omisión del Estado, en poner límites a la degradación”.
Agregó también que “en el proyecto que firmamos con Cristaldo incorporamos a autoridades de partidos políticos, dirigentes y postulantes a cargos electivos con una formación de la Escuela de Gobierno y el despacho recoge nuestra propuesta”.
El diputado Juan José Bergia consideró “tenemos que discutir estos temas, el medio ambiente, políticas públicas, capacitación, pero tiene que ir definiendo qué economía queremos para la provincia cuidando el ambiente, hay que buscar la manera que el trabajador chaqueño pueda desenvolverse y tener su actividad sin perjudicar el monte chaqueño” y recordó “esta iniciativa lleva el nombre de la tucumana Yolanda Ortiz, doctora en química, pionera en plasmar el paradigma de complejidad de ambiente”.
Aurelio Diaz, en tanto, sostuvo que, si bien “esta ley dice de formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible con énfasis en cambios climáticos para personas que se desempeñen en la función pública, si Roberto Urquía puso 30 millones de pesos para Macri y 30 millones para Fernández, qué funcionario público va a acatar una charla de análisis de este sistema, que funcionario que fue presidente de la comisión de agricultura de la nación, como Aranguren va a permitir una charla como esta, de entrada esto en política responde a intereses de clase”.