La vicegobernadora Analía Rach Quiroga, participó en la mañana de este viernes de la inauguración del memorial en homenaje a las víctimas de homicidio Amanda Encaje y Néstor Vivo, ubicado en la intersección de las avenidas Paraguay y Vélez Sarsfield de la ciudad de Resistencia. A 30 años del inicio de pedido de justicia por el trágico hecho ocurrido en 1992, se reconoció a las familias por la incansable lucha por justicia y verdad.
En la oportunidad, la subsecretaria de Derechos Humanos Nayla Bosch recordó el caso, en el que la familia acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se avanzó en distintos puntos de acuerdo entre el Estado y los familiares. “Hoy avanzamos en el memorial de Amanda Encaje y Néstor Vivo para toda la comunidad. Este espacio es la cristalización del proceso de diálogo. Hemos entendido que este fue un hecho aberrante y trabajamos para mejorar las políticas públicas en cuanto a investigación”, expresó la funcionaria.
Al mismo tiempo, el representante de la Usina de Justicia Fernando Soto aseguró que, “logramos darle forma a un acuerdo con la total recepción del gobierno, con total aceptación de los puntos y el más importante e histórico, el asumir la responsabilidad de los estados por denegación de justicia y prescripción de un doble homicidio. Es un precedente para el país y la Corte Interamericana, es su deber afianzar justicia. Se hicieron cambios fundamentales en donde el trabajo de esta familia transformó la ley en Chaco”, aseguró.
Además del emplazamiento de la Escultura en homenaje a las víctimas y sus familiares, también se avanzó en la creación del cargo de Defensor Oficial de Víctimas, a través de la sanción de la Ley 3413-J “Derechos y Garantías de las personas víctimas de delitos”, la sanción de protocolos para la preservación de la escena del crimen y garantizar la cadena de custodia de las pruebas y efectos secuestrados, para optimizar y agilizar la investigación de las causas penales complejas, a través de la Ley 3514N.
Además, se continúa esperando la resolución judicial que dispondría analizar la viabilidad de la reapertura de la causa penal de los homicidios de Amanda Encaje y Néstor Vivo, y está en proceso abierto de diálogo respecto a la creación del Observatorio de Víctimas de Delitos y la implementación del Banco Genético Provincial, con compromiso explícito de los tres poderes para darle curso al mismo.
Acompañaron a la vicegobernadora la secretaria de Derechos Humanos y Género Silvana Pérez, la subsecretaria de Derechos Humanos Naila Bosch y los y las diputadas Mariela Quirós, Hugo Sager, Teresa Cubells y Nicolás Slimel.
Andrea Martínez Encaje: “Decidimos construir en conjunto”
Por último, Andrea Martínez Encaje, hija de Amanda, expresó que para la familia este es el corolario de un proceso largo en el que se trató de resignificar la muerte y la impunidad con que el caso se cerró. Para Martínez, la iniciativa tiene como propósito “dejar para la comunidad políticas públicas que mejoren el servicio de justicia para las víctimas. Es un gran dolor sobre el cual hemos tomado la decisión de construir y transformar nuestra realidad y la de la sociedad”, aseguró.
Al mismo tiempo, agradeció el apoyo de los abogados “que están desde el principio con nosotros y la usina de justicia con el acompañamiento de Fernando Soto que nos ayudó a diseñar este cuadro de políticas públicas que el gobernador aceptó. Este es un trabajo conjunto desde hace dos años, cuando tanto el estado provincial como argentino y nosotros, decidimos entrar en este acuerdo de solución amistosa que consideramos más constructivo que dejar que el caso corra por las vías normales. Decidimos construir en conjunto”, finalizó.
El caso
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió, el 29 de marzo de 2008, una petición en contra de la República Argentina interpuesta por Andrea Valeria Martínez y Silvia Elena Encaje que alegaba la presunta violación de derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que se habría producido, en el marco de la investigación judicial, del homicidio de Amanda Graciela Encaje y Néstor Blas Vivo, el 8 de abril de 1992 en Resistencia, Chaco.
En la sentencia, dictada el 11 de marzo de 2014, se dispuso el sobreseimiento total y definitivo respecto de dos personas por fallecimiento, y la extinción de la acción penal respecto de otras seis personas por prescripción. El 4 de mayo de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó el Informe de Admisibilidad Nº 33/18, declarando admisible la petición.
Luego de un proceso de diálogo entre el gobierno provincial y la parte peticionante, se realiza el Acta de Compromiso de Solución Amistosa suscripta el 7 de abril de 2021, posteriormente ratificada el 3 de mayo de 2021 por el Decreto Nº 940/2021 del gobernador del Chaco. Este Acuerdo representa el compromiso con el cumplimiento de las obligaciones internacionales en derechos humanos de la Argentina.