De manera virtual, la Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia retomó esta mañana el juicio por el presunto homicidio que terminó con la vida de Jesús Martínez, en Barranqueras. En esta oportunidad continuó la ronda de alegatos de la acusación en la que además de la Fiscalía de Cámara alegaron las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco, a cargo de Silvana Pérez y del Comité de Prevención de la Tortura.
Luego de tres meses de suspensión debido a la emergencia sanitaria, se retomaron las audiencias del caso de Jesús Martínez, quien habría sido “asesinado al momento de ser detenido por dos agentes policiales en Barranqueras en 2017”. En la causa de encuentran acusados dos agentes pertenecientes a la policía provincial: el agente Luis Alfredo Sánchez y el sargento Jorge Luis Duré. En ese marco se solicitó que se condene al agente Sánchez por el delito de “homicidio agravado por pertenecer a una fuerza de seguridad” y al sargento Duré “por lesiones calificadas”. Según determinó el tribunal, conformado por Ernesto Azcona y las juezas Hilda Cáceres de Pascullo y Glenda Vidarte, la lectura de la sentencia será el próximo 26 de agosto.
CONMOCIÓN Y MOVILIZACIONES
Este hecho causó conmoción en esa ciudad, generando diversas movilizaciones en pedido de justicia por parte de familiares, allegados y organizaciones de la sociedad civil, calificándose como un “caso emblemático de violencia institucional letal”.
La subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch expresó que “este tipo de hechos no hacen más que perjudicar a nuestras instituciones en general y a nuestra fuerza policial en particular”. Y agregó: “Reafirmamos el compromiso del Estado provincial, a través de la querella, con el debido juzgamiento de los responsables de violencia policial como con el acceso a la justicia para las víctimas”.
Por su parte, el representante legal de la querella por parte de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, doctor Kevin Nielsen explicó que “las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias cometidas por integrantes de las fuerzas de seguridad tienen una fuerte sanción tanto en el derecho interno como en los tratados internacionales de DD.HH y así lo solicitamos desde la querella”. “Este caso es el más paradigmático de los últimos años”, cerró.
FUENTE: Agencia Foco