En relación a la noticia aparecida en algunos medios de comunicación donde se menciona la presencia de francotiradores policiales, apostados sobre edificios del centro de la ciudad, más precisamente en la esquina de Sarmiento y Brown. La Jefatura de Policía, niega la veracidad de la misma y la califica de “absoluta falsedad”.
El Comisario General Ariel Acuña, Jefe de la Policía Provincial, aclaró que no solo está vedada la participación de francotiradores por los protocolos de actuación vigentes, en cualquier caso, sino que por otra parte y dentro del marco de aplicación vigente de los Decretos regulatorios es que la Policía Provincial viene articulando el cumplimiento de las pautas de distanciamiento, siempre dentro del respeto democrático y de libertades civiles, lineamiento irrestricto del Gobernador y Ministerio de Seguridad y Justicia.
La Fuerza policial está al servicio de la Comunidad, sin distingos de ninguna clase y para cumplir y hacer cumplir los mandatos Constitucionales y legales. Por ello el accionar policial se circunscribe a dar cumplimiento a lo establecido de la Ley Nº 2399-J, que determina los “CRITERIOS MÍNIMOS SOBRE LA ACTUACIÓN DE LOS CUERPOS POLICIALES FUERZAS DE SEGURIDAD EN MANIFESTACIONES PÚBLICAS”, armonizándose y complementándose con lo estipulado en la SECCIÓN III – SISTEMA POLICIAL PROVINCIAL – ARTÍCULO 36º DE LA LEY 2011-J: “…la labor policial constituye un servicio público, prestado en carácter exclusivo y excluyente por el estado, y será entendida como la modalidad de intervención institucional de prevención, control, e investigación de la criminalidad convencional y compleja, orientada a afianzar la convivencia democrática y permitir que las personas tengan pacífica y efectivamente garantizando el pleno goce y ejercicio de los derechos, libertades y garantías constitucionales; prestados en condiciones de regularidad, continuidad, igualdad de acceso, uniformidad y adaptación tecnológica…”. Así es como se intenta garantizar al mismo tiempo, el derecho de quienes peticionan a las autoridades y los derechos restantes de las personas y la comunidad, asumiendo en todos los casos la integridad física de las personas como una prioridad del accionar policial.-