La cuestión de la garantía del 82% Móvil establecido en el Art. 75 de nuestra Constitución Provincial es un tema muy sensible para muchos comprovincianos, en un Chaco donde el empleo público tiene marcada incidencia y lo que suceda en ese universo impacta en la microeconomía diaria (ya sean paritarias, regímenes de retiro, pago de bonificaciones, etc.),
Más allá del mensaje conciliador del flamante Ministro Pons y su necesidad de explicar lo que no se había explicado, al remitir a la Legislatura, el proyecto de ratificación del Acuerdo Compromiso entre la ANSES y el Gobierno Provincial, queda en evidencia que se pretende asegurar la llegada de esos fondos millonarios para cubrir el bache deficitario existente, y estamos hablando nada más y nada menos que de $1.400.000.000, pero nada se dice de cómo la Provincia del Chaco a futuro adecuara su sistema previsional a los parámetros establecidos en la Ley 27.260 – Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, sancionada en el Gobierno del Presidente Mauricio Macri.
Esa normativa tiene como objetivo, plasmado en su Art. 27, “colocar a todas las provincias en pie de igualdad en materia previsional” y promueve un “acuerdo con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos a la Nación- como sucede con el Chaco – a fin de compensar las eventuales asimetrías que pudieran existir respecto de aquellas jurisdicciones que sí lo han hecho. Y aquí aparece la palabra “armonización” usada como sinónimo de igualar.
Que el conjunto de leyes, decretos, acuerdos, auditorias y trabajo conjunto entre NACION y PROVINCIA tiene como gran objetivo avanzar en cambios normativos – en nuestra legislación provincial – tendientes a “sostener un sistema previsional equilibrado y sustentable en el tiempo” y allí tenemos el dilema: como podrá la Provincia del Chaco seguir financiado su déficit previsional sino muestra o indica señales ante la Nación de que tiene voluntad de corregirlo. Por ende la preocupación de que se avance en algún intento de modificar el texto constitucional tiene razón de ser y enciende la alarma de varios sectores para defender esa bandera historia del 82% móvil de las jubilaciones y pensiones.
Lleva tranquilidad que nuestros legisladores provinciales del Bloque UCR sean la garantía de que la letra del texto constitucional sea respetada, así lo ha expresado el Diputado LIVIO GUTIERREZ en sus redes sociales al asegurar que “discutiremos con la Constitución en la mano”.
Pero si solo seguimos observamos que el Gobierno Provincial siga buscando soluciones de corto plazo para hacer frente a urgencias financieras y no se genera el debate claro, con información fehaciente y mostrando cómo se puede sostener el régimen previsional, sin afectar derechos adquiridos y de rango constitucional, seguiremos siendo testigos de acusaciones del oficialismo tales como que la oposición lanzamos “fake news” o queremos causar daños. No creo que ese sea el camino, sino todo lo contrario. Como jurisdicción provincial tenemos una realidad compleja en materia de financiamiento del régimen jubilatorio, por la que la discusión y la necesidad de concesos entre todos los sectores (gobierno – partidos políticos – entidades gremiales) para avanzar en soluciones es más que necesaria, porque capaz algún día la plata para tapar agujeros fiscales deje de llegar y ahí, cuando duela en el bolsillo del jubilado, que sufre día a día la inflación, los aumentos de medicamentos y que todo se le hace inalcanzable a pesar de haber aportado para tener tranquilidad en su años de retiro, sin olvidar que también va surgir la preocupación del empleado activo sobre su futuro, en ese momento ya va ser tarde para dar discursos desde un despacho o enojarse por que se exigen respuestas desde la oposición”.