La audiencia se realizó por videoconferencia, y las respectivas partes mantuvieron los ejes principales de sus alegatos; desde la parte defensora insistieron en los pedidos de nulidad, lo cual fue rechazado por querellantes y fiscales. El contrapunto más destacable fue la credibilidad de los testimonios de sobrevivientes y la duración del proceso y cómo ello afectó a los imputados. De este modo la causa pasó a cuarto intermedio hasta el viernes 1° de julio a las 10 h, oportunidad en la cual se dará a conocer el veredicto final.
En esta causa se juzgan crímenes cometidos en la Brigada de Investigaciones de la Policía de Chaco y la Alcaidía policial entre 1974 y 1979. De las cinco víctimas, dos eran conscriptos y fueron secuestrados mientras hacían el servicio militar obligatorio en el Regimiento de La Liguria, en el del Grupo de Artillería 7 de Resistencia. Los imputados son ex oficiales y suboficiales de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco, un guardiacárcel de la Alcaldía policial y oficiales del Grupo de Artillería 7 de Resistencia.
El tribunal que lleva el juicio oral está integrado por las juezas Noemi Marta Berros (presidenta), Liliana Graciela Carnero y el juez Roberto López Arango.
Dúplicas y réplicas
Las partes mantuvieron los ejes principales de sus respectivos alegatos; desde la parte defensora insistieron en los pedidos de nulidad, lo cual fue rechazado por querellantes y fiscales. La instancia comenzó con la declaración del Fiscal Diego Vigay afirmó que “los planteos de nulidad ya fueron despejados, y que los mismos planteos fueron desechados en causas anteriores, con sentencia firme”. Además agregó que “Se describen los elementos de prueba y analizan en cada caso según los imputados” y que “Hay un plexo probatorio cabal que no debe interpretarse de modo aislado. Entendemos que la descripción de los hechos que hacen las víctimas es muy clara”. En ese sentido remarcó que “La reconstrucción que se hace de cada una de las imputaciones tiene que ver con un marco de ilegalidad y de clandestinidad y un sinfín de cuestiones que hacen que las reconstrucciones de crímenes de lesa humanidad tenga su especificidad, como se hace en cada uno de los juicios de este tipo”.
Para finalizar destacó; “Entendemos claramente que se sopesaron los elementos producidos y que entendemos que con este informe realizado está cubierto la descripción de hechos, mención de imputados y de la conducta desplegada por cada uno de ellos, tanto en el requerimiento de elevación como en documentos incorporados por lectura y testimonios reunidos en las audiencias”.En referencia a las réplicas, el fiscal Walter Romero planteó su rechazo a las declaraciones de mala fe por parte de una de las defensas de parte respecto de una “mala fe” por parte del Ministerio Público Fiscal.
Por su parte el querellante Duilio Ramírez, en representación de la Secretaría de DDHH y Géneros mencionó que “No debemos olvidar que los testigos son sobrevivientes, que comenzaron su itinerario de declaraciones en los ochenta, y luego en los últimos años en los 9 juicios realizados en nuestra jurisdicción. Cada vez que tuvieron que testimoniar su credibilidad fue puesta a prueba y ninguna vez sufrieron imputaciones por falso testimonio. Han declarado en forma coincidente, sin contradicciones”.
Su par, querellante Manuel Brest coincidió en esto, y subrayó; “En el retardo de la justicia debe tenerse en cuenta que los hechos que se juzgan se encuentran amparados por un pacto de silencio por parte de los perpetradores. La clandestinidad no nos deja otro recurso que los testimonios de los sobrevivientes” Además, indicó que “En la mayoría de los casos los imputados encarcelados están cumpliendo condena firme por otros delitos por los que fueron condenados”.
El defensor oficial Juan Manuel Costilla alegó que no se cumplieron los plazos razonables, y denunció “el retardo de la Justicia”, el cual implicó una “violación del debido proceso y de garantías constitucionales” afirmó. También atacó la credibilidad de los testimonios en razón de la cantidad de veces que fueron citados a declarar, cuestión que habría sido resulta “de haberse realizado un solo juicio”. El defensor particular Ricardo Osuna y la defensora Rocío Ramírez se refirieron en términos similares.
Osuna declaró que su defendido Vitorello no fue visto al momento de torturar y que la privación ilegal de la libertad no puede imputarse, ya que la custodia de detenidos era una atribución de toda la Alcaidía. Ramírez planteó que “se pretende aplicar el delito de autor”, por haber formado parte de las fuerzas de seguridad.
Finalizada la instancia, la jueza Berros señaló; “Pasamos a un cuarto intermedio hasta el 1 ° de julio fecha en la que me apersonaré en el tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, tal como me fuera solicitado”.